Santa Cruz y oposición cierran filas por Calvo; Orellana apelará decisión y le llama “inquilino”

Cívicos, Comité Interinstitucional, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y líderes de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) cerraron filas en defensa del cívico Rómulo Calvo, sentenciado el martes a dos años de cárcel por el caso wiphala. En La Paz, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, dijo que apelarán y pedirán que se amplíe la pena a Calvo a quien calificó de “inquilino”, término por el cual fue tildada de “racista”.

El rector de Uagrm,Vicente Cuéllar, señaló que la justicia está totalmente cooptada por el Poder Ejecutivo y que se ha convertido un instrumento de persecución política “por eso la Universidad Gabriel René Moreno hará una auditoría jurídica a los procesos que le han seguido a Calvo y al gobernador Luis Fernando Camacho, y si se comprueba la vulneración de derechos fundamentales lo vamos a denunciar”, aseveró el académico.

El martes, la justicia condenó a dos años de cárcel a Calvo, expresidente del Comité pro Santa Cruz, por los delitos de difusión e incitación al racismo y ultraje a símbolos nacionales. El agravio se dio en los actos por el aniversario departamental en la plaza 24 de septiembre de 2021.

El Comité Interinstitucional, dirigido por Reinerio Vargas, anticipó que esa instancia se reunirá para analizar el caso de Calvo para eventualmente tomar decisiones. “Nos vamos a reunir con todas las instituciones para tomar una decisión”, refrendó Vargas.

Desde el Comité pro Santa Cruz, el líder Fernando Larach calificó de “terrorismo judicial”, los hechos posteriores a la lectura de sentencia de Calvo el miércoles y anunció que convocará a expresidente de esa institución para definir las medidas a seguir en los próximos días.

Opositores

Desde Comunidad Ciudadana y Creemos rechazaron la decisión judicial contra el cívico que a juicio de sus legisladores no respetó el debido proceso y que además se lo busca inhabilitarlo para las elecciones 2025.

“La sentencia contra Rómulo Calvo, ilegal y sin respetar el debido proceso, es otra arremetida masista en la persecución política y una retaliación (represalia) contra Santa Cruz”, escribió en su cuenta de Twitter, Carlos Mesa, líder de CC.

Por su lado, la diputada de Creemos María José Salazar declaró que “Calvo y Camacho son víctimas del sicariato judicial”, por parte del Gobierno.

La senadora de esa misma agrupación, Centa Rek, apuntó que la sentencia busca que Calvo “no pueda tener ningún tipo de representación ni liderazgo, dándole una sentencia civil para excluirlo de cualquier proceso de representación: eso se llama muerte civil”, puntualizó la legisladora.

Y un día después de la sentencia, el exlíder Calvo confirmó que apelará la decisión de la justicia y reiteró que él no estuvo presente en el momento de la iza de la wiphala.

Llama “inquilino” a Calvo y es criticada

Sabina Orellana, ministra de Culturas, anunció que “se apelará la sentencia” de dos años de cárcel contra Calvo, que se pedirá más años de cárcel, pero además llamó “inquilino” al cívico, por ello la autoridad fue blanco de críticas.

“Si usted se cree dueño de Santa Cruz, usted además, no es indígena, es nuestro inquilino y como inquilino, señor (Rómulo) Calvo, tiene que saber respetar al Estado boliviano y tiene que saber respetar a sus autoridades. Tienes que todavía responder por muchos delitos”, declaró Orellana en conferencia de prensa.

El director general de Lucha Contra el Racismo, Ivar Villarroel, señaló que la sentencia contra el cívico sienta un precedente en el país porque se constituye en la primera ocasión que se concluye un proceso por el ultraje a un símbolo patrio como es la whipala.

Y frente a los dichos de Orellana, que se refirió a Calvo como un “inquilino”, el diputado de CC, Miguel Roca, apuntó que la autoridad cometió el delito de racismo y que por ello debe ser procesada.

“Esto sí que es delito de racismo y discriminación en flagrancia. Como un mestizo de este país, que somos más del 80% de la población, exijo al Ministerio Público imputar y procesar a la Ministra de Culturas”, escribió Roca en su cuenta de Twitter.

El analista político Luis Alberto Ruiz lamentó las declaraciones de Orellana. “Absolutamente eso (las afirmaciones de la ministra) es discriminación y racismo. Escuché con mucha y pena y dolor las declaraciones de la Ministra, porque al fin y al cabo todos somos bolivianos. Ella no puede hablar de inquilinos o de que son de afuera, la Ministra debería fomentar la cultura de paz y no la cultura del odio, el racismo y la venganza”, reafirmó.

Desde la Cámara Alta, el senador masista Andrónico Rodríguez dijo que la justicia debe hacer su trabajo, que no se pueden ultrajar símbolos nacionales y descartó que exista “persecución política” a Calvo.

El analista político cruceño José Peralta preguntó por qué el Ministerio Público no procesó a personas que en el pasado también quemaron la bandera cruceña. “La justicia se focaliza y endurece con actores cívicos, pero no hizo lo mismo en otros casos”, recordó.