Editorial

Nuevas denuncias de corrupción

sábado, 12 de octubre de 2013 · 20:10
El dirigente opositor Samuel Doria Medina ha vuelto a denunciar acciones de supuesta corrupción del Gobierno. Ha señalado que sólo en tres grandes obras realizadas por el Ejecutivo existe un supuesto sobreprecio de 382 millones de dólares.
Doria Medina señaló que en la planta petroquímica de Bulo Bulo existe un sobreprecio de casi 170 millones de dólares; en el teleférico que ya se construye entre las ciudades de La Paz y El Alto, el exceso de costo es de 130 millones, y en el ingenio azucarero de San Buenaventura el sobreprecio es de 80 millones.
El opositor  realizó las estimaciones tomando como referencia otras obras similares (una petroquímica en Australia, el teleférico de Medellín y el ingenio Aguaí de Santa Cruz). Al margen de si tienen entera validez las denuncias y la forma cómo se realizaron las comparaciones (en cada caso las circunstancias son distintas) es correcto otro de los temas planteados por el dirigente: en Bolivia existe una utilización excesiva de las "invitaciones directas” que eluden la ley que obliga a realizar licitaciones para casos de grandes emprendimientos. El Ejecutivo, en aras de la eficiencia, pero también generando estas dudas, firma decretos para eludir las licitaciones y realizar invitaciones directas. Son cientos de millones de dólares entregados a empresas mediante ese sistema.
La Ley SAFCO, que es la que obliga a las licitaciones, tenía un propósito positivo, reducir la corrupción estatal, un mal endémico boliviano. Pero es verdad también que hizo engorrosos e ineficientes todos los procesos de compras de productos y servicios. El Gobierno actual, sin limitaciones que le puedan poner los sectores opositores, resolvió el problema de manera tajante y rápida: simplemente eliminó las licitaciones y todo el procedimiento que conllevaba. Ahora, en las invitaciones directas, no es que no exista multiplicidad de opciones, sino que los controles para la adjudicación de obras son mínimos y las empresas que no logran ganar alguna de ellas no tienen chance, como sí existía en el pasado, a recurrir a la justicia e impugnarlas.
La respuesta del Gobierno ante estas denuncias ha sido idéntica a todas las veces en las que ha sido criticado: ha reaccionado con ofensas e insultos, además de eludir el tema central. Por ejemplo, el vicepresidente García Linera le ha pedido a  Doria Medina que, como "burgués” que es, se retire de la política. Así no se aclaran las denuncias.
La verdad es que el Gobierno tiene uno de sus flancos débiles en la opacidad con la que toma estas grandes decisiones. Sólo para seguir con el tema, el teleférico de La Paz se hizo mediante una ley aprobada de manera "expresa”, después que las máximas autoridades de Gobierno sellaran en Austria un acuerdo con la empresa Doppelmayr, de ese país. Primero, no se recibieron ofertas de otras empresas (otra compañía europea dijo públicamente que se puede hacer la obra por casi cien millones de dólares menos). Segundo, no se negoció con los municipios de La Paz y El Alto una obra que tiene que ver directamente con ellos. Es la eficiencia por encima de la transparencia, de la inclusión y búsqueda de consensos.
Otra área en la que el Gobierno muestra la misma falta de transparencia es el plan denominado Bolivia cambia, Evo cumple, mediante el que se entrega millones de dólares para pequeñas obras a alcaldes de todo el país. No es que exista corrupción en la entrega per se de los jugosos cheques, no.

El problema viene después, cuando el funcionario municipal que recibe el dinero no lo utiliza para la obra comprometida. Ante una denuncia, en ese sentido, realizada hace algunos meses, distintas autoridades reconocieron que ninguna entidad estatal hace el seguimiento y fiscalización del uso de esos recursos. Así que una vez entregado el dinero al Alcalde, que lo obtiene gracias solamente a presentar un rudimentario proyecto -muchas veces sin estudios técnicos- nadie se preocupa que las obras lleguen a terminarse (o incluso a iniciarse). Es una manera inaceptable de utilizar los recursos de todos los bolivianos.

El Gobierno, sin limitaciones que le puedan poner los sectores opositores, resolvió los obstáculos de la ley de licitaciones de manera tajante: los eliminó.

El Gobierno tiene uno de sus flancos débiles en la opacidad con la que toma estas decisiones. Por ejemplo, el teleférico se hizo mediante una ley "expresa”.

Confidencial

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