Bakovic: un penoso desenlace

Editorial
martes, 15 de octubre de 2013 · 20:53
El fallecimiento, el sábado pasado, de José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), es el lamentable desenlace de una conducta del aparato judicial que no se compadece de los derechos ni la salud de quienes son eventuales acusados.
 Bakovic (de 75 años)  tenía 76 procesos judiciales (entre penales, civiles y administrativos) originados en  supuestas irregularidades  cuando dirigió el SNC.
 A lo largo de siete años, Bakovic estuvo preso en dos ocasiones y corría el riesgo de ir a la cárcel por tercera vez este año, por denuncias que, aunque  no lograron ser probadas, derivaron en una condena a tres años de reclusión.
Bakovic siempre argumentó su inocencia y su defensa, en numerosas ocasiones exhibió la inconsistencia de muchas de las denuncias. No obstante, las autoridades judiciales no cesaron -sino más bien incrementaron en número y persistencia- las causas en su contra. "Mi salud está agotada, física, psíquica y financieramente”, escribió Bakovic. "No hay finanzas ni físico que resistan esta forma sofisticada de tortura, el acoso judicial”, sostuvo el año pasado.
Sufría al menos de 11 afecciones graves, entre ellas algunas que claramente le impedían trasladarse a ciudades con altura. Con todo, el viernes pasado los médicos forenses de la Fiscalía General del Estado prácticamente obligaron a José María Bakovic a viajar a La Paz para declarar en dos audiencias, ignorando los informes médicos que alertaban sobre el riesgo que corría su vida.  Bakovic sangró al iniciarse la primera audiencia, fue llevado de inmediato a un centro médico y luego trasladado a Cochabamba, donde murió un día después.
¿Se puede dudar de la responsabilidad de esos jueces y fiscales  en este desenlace fatal? Como era de esperar,  los responsables de la muerte de Bakovic deslindan toda culpa y responsabilidad. Como sostuvo una columnista de Página Siete: "Desde el Ministerio Público dicen que los fiscales sólo cumplieron el mandato de la jueza que fijó lugar y fecha para las audiencias. Ésta dirá que actuó según la ley. La ley dirá que oyó al Presidente. Y éste dirá que los procesos "están en manos de la justicia y que él no puede hacer nada al respecto”.

Una vez más, llama la atención la celeridad y persistencia con que actúa la justicia en algunos casos, mientras otros -como el de Chaparina- avanza con lentitud extrema. Esto, sin mencionar que la lucha contra la corrupción no debiera empañarse con procesos que aparezcan con tinte de persecución política y mucho menos que demuestren una total insensibilidad hacia los derechos y garantías fundamentales de las personas, así estén sometidas a un proceso judicial.

La lucha contra la corrupción no debiera empañarse con procesos que aparezcan con tinte de persecución política y violación de  derechos humanos.

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