Desde la acera de enfrente

No hables de revolución con Goni de vacación

María Galindo
martes, 15 de octubre de 2013 · 20:55
El juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la masacre de El Alto,  en octubre de 2003, es tan vital como fueron en su momento los juicios contra García Meza o el fallido juicio contra Banzer, en el ámbito  nacional; o como fueron los juicios contra Pinochet o contra Videla a escala latinoamericana.
Ése no es un juicio que les pertenece a los familiares de las víctimas de la masacre o a la Asamblea de Derechos Humanos, y no lo digo por menospreciar o minimizar ni el dolor ni la rabia de ellos y ellas, lo digo porque esa gran responsabilidad debió ser asumida por el gobierno de Evo Morales como tarea de gobierno.
No hay teleférico ni cancha de césped, ni nacionalización ni medida alguna que remedie, sustituya o pueda relativizar la necesidad de que esa parte de la agenda se debiera haber cumplido. Declarar un día de dignidad nacional es seguirle rindiendo culto a la muerte y proponer al pueblo que la vía de la muerte es el camino que te convierte en valioso y te dignifica. Y no pretendo minimizar tampoco el valor y la furia popular porque fueron el verdadero motor de la revuelta, una revuelta sin caudillo conductor, sin dueño de la rebeldía popular.
La primera huelga de hambre la organizaron las  Bartolinas -de antes, no las de ahora- en radio San Gabriel junto a Felipe Quispe, por la liberación de un  integrante de la CSUTCB, huelga que luego se transformó en el pedido de renuncia de Sánchez de Lozada. La primera huelga con ese pedido de renuncia no la organizó Ana María Campero, sino Mujeres Creando, con la toma de la Defensoría del Pueblo -recinto de donde la Policía nos sacó a rastras y nos tuvo luego ocultamente detenidas en las celdas de la Sucre. De allí salimos para reinstalar la huelga en la Oficialía Mayor de Culturas.
Pero retorno al tema de la impunidad. No va a haber impunidad que le cueste más caro a la democracia boliviana que ésa. Soy una convencida de que a los gobiernos es a los que menos les interesa saldar cuentas con la historia. Basta revisar el hecho de que García Meza está en la cárcel gracias a la testarudez, a la búsqueda de alianzas internacionales y a la fuerza de un puñadito de mujeres a quienes no se les reconoce el mérito: Loyola Guzmán y Beatriz Suárez, principalmente, que fueron quienes garantizaron la extradición de García Mesa desde Brasil.  
La lucha contra la impunidad es una responsabilidad del Gobierno y el primer dato que debería recoger el Presidente es que hace tan sólo 10 años, el Ejército boliviano estaba matando al pueblo en El Alto. ¿Por qué en el Gobierno, que es beneficiario de esa revuelta, los más beneficiados y beneficiadas, los más considerados no son los alteños y las alteñas, sino nuevamente los militares? Entiendo que no esté en manos de Evo Morales extraditar a Sánchez de Lozada de EEUU, pero todos los privilegios de los que gozan los militares sí.
¿Por qué los premia, por qué hoy los militares se comen en salarios 1.648 millones de bolivianos mientras que el gasto en sueldos en salud alcanza tan sólo 1.211 millones de bolivianos? ¿Por qué compramos helicópteros y armas para los militares y no máquinas de diálisis, incubadoras y tomógrafos para El Alto?
¿Acaso se está equipando a los militares para la próxima masacre, o se los equipa, ceba y engorda para tenerles contentos? ¿Acaso creen que con un "patria o muerte” cambia el papel de las Fuerzas Armadas en Bolivia? ¿Acaso pretenden que seamos tan simplonas como para tragarnos que la doctrina militar contra el pueblo, forjada históricamente, se cambia con un eslogan?

 María Galindo es miembro
de Mujeres Creando.

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