Arrastrando errores de la Constitución

Sergio Salazar Machicado
miércoles, 16 de octubre de 2013 · 20:15
La Constitución tiene una serie de aspectos sobresalientes y positivos, pero también adolece de algunos errores. Lo incomprensible es que las leyes que, posteriormente se aprueban, arrastren estos errores sin tratar de enmendarlos.
 En la Ley Nº 401 de Celebración de Tratados aprobada recientemente, dentro de la definición del término "Ratificación”, se explica que es el "Acto por el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprueba mediante Ley, la suscripción de un Tratado”.
 Esta definición está en concordancia con la Constitución que, entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa, está la de "ratificar los tratados celebrados por el Ejecutivo en las formas establecidas por esta Constitución”.
 ¿Qué quiere decir ratificar?
 Ratificar viene del latín ratus que quiere decir confirmar y facere que significa hacer. O sea que el verbo transitivo ratificar significa aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos y ciertos.
 ¿Quién ratifica un acto, palabra o escrito? Indudablemente quien haya realizado el acto, dicho la palabra o hecho el escrito. En el caso de los tratados y convenios es el Ejecutivo el que los concluye y los suscribe. Por tanto, es el mismo Ejecutivo quien debe ratificarlos, previa aprobación de la Asamblea.
 Es el Estado el que suscribe, aprueba y ratifica. No obstante, el Estado se desdobla en poderes y un poder, el Ejecutivo, es el que suscribe; otro, el Legislativo, es el que lo aprueba mediante ley y, finalmente, es el Ejecutivo el que lo aprueba.
 Si el Estado es uno solo, ¿por qué, entonces, la necesidad de la etapa de aprobación?
 Originalmente, la ratificación era una mera confirmación. Con la creciente complicación de las relaciones derivadas de los tratados en el siglo XIX, esta posición evolucionó. Los Estados comprendieron que era necesario esperar un lapso, después de la etapa de la firma, en el cual se pudiera evaluar la compatibilidad de los términos de un tratado nuevo con el conjunto de sus compromisos y de su política y se pudiera lograr la legislación necesaria para ponerlo en vigor.
 Hoy, los principios generales del derecho a los que la ley alude  aceptan un procedimiento interno de ratificación que se inicia después de que el Ejecutivo ha suscrito un convenio. No es el Legislativo el que lo ratifica, lo hace el propio Ejecutivo, previa aprobación del Legislativo.
 La ley confunde los conceptos de aprobación con el de ratificación al señalar que éste es una aprobación de la Asamblea (siguiendo, desde luego, el equívoco constitucional); es más, el procedimiento en la Ley 401 hace abstracción del proceso legislativo interno que conduce a la ratificación, colisionando así con el acápite de la propia ley que, al referirse a los principios, los enumera como negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales.
 La aprobación de un tratado internacional suscrito por el Ejecutivo ya sea mediante ley o mediante referéndum, como provee el articulo 259 de la Constitución,  tiene que ser ratificada y esa facultad debe ser del Ejecutivo.
 El constitucionalista José María Gutiérrez opina que nuestra economía constitucional ha resuelto satisfactoriamente la forma en que deben manejarse las relaciones internacionales, atribuyendo al Ejecutivo la facultad de negociar y concluir los tratados y al Legislativo la de aprobarlos o desecharlos pues, como dice otro autor, José Carrasco, la indiscreción en las asambleas es frecuente y los mismos incidentes del debate harían casi imposible la elaboración de un pacto en un cuerpo colegiado, por reducido que fuera su número.

 Sergio Salazar es socio de la
 Sociedad de Abogados "Salazar,

 Salazar & Asociados”.

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