Ministros campañólogos

viernes, 18 de octubre de 2013 · 21:21
Llama la atención la orden presidencial a sus ministros: "Dedíquenle mitad de tiempo a la campaña electoral”. Y es que llama la atención por la sencilla razón de que el Primer Mandatario confiesa sin rubor su intención de hacer trampa. ¿O es que alguien cree que no es chanchullo que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo empleen su tiempo y parte de su salario en buscar votos para lograr la victoria de su jefe? Vale la pena recordarle al señor Morales que no son "sus” ministros; son ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo sueldo lo pagan los bolivianos. Conviene dejar en claro que el asunto es sólo una muestra pequeña de algo mayor. Algo que termina por sellar el destino de nuestra democracia. Una democracia que puede y debe ser definida como un sistema de autoritarismo competitivo. Como se observa hay dos palabras en juego aparentemente contradictorias: "autoritarismo”, que denota un régimen no democrático, junto al vocablo "competitivo”, que hace referencia a un régimen donde se compite para llegar al poder, lo que lo define como democrático. Esta extraña combinación permite comprender que Bolivia no es una dictadura, aunque tampoco es una democracia. Es un híbrido. Es una especie de ornitorrinco. Sabemos que aquel es mamífero pero que pone huevos, mientras éste es un régimen que tiene elecciones pero no es democrático.
Si, conviene remarcar la tesis de partida: la sola puesta en marcha de elecciones no hace que un régimen sea auténticamente democrático. Las razones tienen que ver con la tesis subsiguiente: si en un régimen autoritario no hay competencia electoral alguna, en un régimen democrático hay una competencia relativamente ecuánime entre los contendores, en este régimen híbrido boliviano  hay competencia –incluso hasta se puede perder el poder- pero esta competencia no es en igualdad de condiciones. Y es eso lo que vale la pena dejar en claro. Tres rasgos identifican esta situación: el acceso desigual a recursos financieros; el acceso desigual a los medios; y el acceso desigual a la ley. De acuerdo a lo manifestado por el Presidente, conviene comentar el primer rasgo.
En este caso, hablamos de un desigual acceso a recursos financieros cuando los funcionarios de Gobierno usan al Estado para crear o mantener disparidades entre los contendientes que dificultan la capacidad competitiva de la oposición. Ello ocurre de diferentes maneras:
Uno, los funcionarios de Gobierno usan los recursos estatales para favorecer a sus electores –algo que puede ser legal-. En México, por ejemplo, el PRI usó más de mil millones de dólares en la década de los 90 de financiamiento estatal en subsidios directos; Yelstin logró su reelección inventando múltiples bonos de "desarrollo social”. No es casual que en el país se desplieguen a mansalva medidas de tinte "progresista” como los bonos, el Evo Cumple y/o los créditos productivos del Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, cuyo objetivo es ante todo electoral.
Dos, haciendo uso de la maquinaria estatal: autos oficiales, edificios y construcciones estatales, medios de comunicación públicos. En antiguas naciones de la URSS como Belarusia o Ucrania, la movilización incluyó no sólo funcionarios de la burocracia, sino profesores, médicos y otros profesionales. No hay duda que las autonomías se van a poner al servicio del presidente-candidato, como ya lo hicieron en la elección pasada, y los ministros, como ya se vio, harán lo propio.
Tres, los funcionarios gubernamentales utilizan al Estado para monopolizar el acceso al financiamiento del y para el sector privado. Se hace un control discrecional a los créditos, las licencias de funcionamiento y/o, sobre todo, licitaciones y/o contratos estatales. En Ghana, por ejemplo, aquellos empresarios que solventaron la campaña de algunos partidos de oposición fueron inmediatamente investigados por la respectiva oficina de impuestos; y en Camboya se les dijo de frente que "se había cometido un suicidio y que no esperaran contrato alguno”. No hay duda que la reciente actitud genuflexiva de la plana mayor cruceña obedece a esto: "si no joden políticamente, los jodemos económicamente”. Mejor quedarse pianitos.
Y, cuatro, convirtiendo al mismo Estado en empresario, capaz de generar recursos que coadyuven a financiar las campañas. En Taiwan  se generan anualmente réditos de casi quinientos millones de aquellas empresas administradas por el emporio económico del Koumitang –el partido oficialista-.
El resultado final es claro: la desventaja para los competidores es evidente. El PRI admitió haber gastado 13 veces más que los dos partidos de oposición juntos en la elección de 1994, en Rusia, Yelstin gastó entre 30 a 150 veces más en 1996 que todos los partidos de oposición. En Bolivia sucedió algo similar. Aunque son datos especulativos se afirma que toda la oposición gastó en 2009, cinco millones de dólares frente a aproximadamente 70 del MAS, o sea 14 veces más.
Se requiere más investigación, sin duda. Mientras tanto queda una certeza: el Presidente es un indisimulado instigador de este abuso anti-democrático.
       
Diego Ayo es politólogo.

 

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