Los derechos vulnerados

Editorial
martes, 01 de octubre de 2013 · 20:08
Los avances que registra el país en materia de derechos de las personas, especialmente de grupos vulnerables, además de una serie de políticas afirmativas que ha emprendido y/o reforzado el Estado en los recientes años para estos grupos poblacionales, frecuentemente tropiezan con una serie de muros -algunos más infranqueables que otros- puestos por la misma ciudadanía y la propia institucionalidad.
Veamos. Desde la aprobación, en 2009, de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia ha ingresado en el grupo de países que se  destacan por contar con legislación progresista que protege los derechos humanos, especialmente los de grupos normalmente excluidos y postergados. Así, contamos con una ley contra la discriminación; contra la violencia y el acoso político, contra la trata y tráfico, y una ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. La propia CPE incorpora artículos y capítulos especiales en favor de los derechos de las mujeres, de los ancianos, de los grupos indígenas, etc.
  Con todo, como varias veces se ha manifestado, la realidad que continúan viviendo éstos y otros sectores no condice con el aparato normativo que los protege.
 Recientemente, un reportaje de Página Siete desnuda una realidad con la que se convive diariamente pero que, quizá por ello, es ignorada y naturalizada: la situación de los denominados "adultos mayores”, o personas de la tercera edad.
Ancianos y ancianas viven una situación de absoluta falta de equidad e injusticia que, a pesar de los subsidios estatales y derechos afirmativos incluidos en los diferentes cuerpos legales, es preocupante. Aunque por la idiosincrasia de la familia boliviana -que aún actúa de forma cohesionada y nuclear- muchos ancianos conviven con sus familiares hasta la muerte,  otros son abandonados y olvidados, llegando incluso a la indigencia, como fácilmente se puede comprobar en las calles de las ciudades del país.
La mayor parte de ellos han sido despojados de sus bienes por sus propios hijos o familiares; algunos son víctimas de estafas y engaños; otros son explotados, trabajan sin paga, y el resto son abandonados a su suerte en las calles.
Municipios y gobernaciones hacen esfuerzos por acogerlos o paliar sus necesidades, pero lo cierto es que -a contramano de las normas que los amparan- ni ciudadanos ni instituciones tienen un verdadero compromiso por brindar respeto y protección a las personas de la tercera edad.

La imagen lastimera del anciano despojado debiera dejar de ser natural y resultarnos ofensiva.

 A pesar de las normas, ni ciudadanos ni instituciones tienen un compromiso por brindar respeto y protección a las personas de la tercera edad.

Comentarios

Otras Noticias