Editorial

Desvío de miles de toneladas de coca

sábado, 19 de octubre de 2013 · 19:57

Una investigación de este medio de comunicación ha logrado que se conozcan las presuntas irregularidades de la gestión encabezada por Luis Cutipa, ex-responsable de la Dirección General de la Coca e Industrialización (Digcoin). Las informaciones de esta fase datan de febrero pasado (aunque este diario también informó sobre supuestas irregularidades en esta institución en 2010). Cutipa ha sido destituido de su cargo y está detenido preventivamente en el penal de Patacamaya.
Cutipa fue, nada menos, diputado suplente del actual presidente Evo Morales en la gestión que se inició en 2003 y tiene una carrera como dirigente cocalero de casi dos décadas. Por tanto, su caso no es desdeñable.
El fiscal asignado al caso, Róger Velásquez, informó que éste no logró demostrar que había realizado donaciones de 577 toneladas de coca incautada a organizaciones sociales ni que ordenó la incineración de 1.750 de ellas. La Fiscalía cree que Cutipa desvió, probablemente al narcotráfico, unas 45.000 toneladas y que sus hermanas y otros miembros de una red creada por él le ayudaron a realizar este comercio ilícito.
Es algo positivo que un exfuncionario sobre el que pesan dudas sea investigado. La justicia debe realizar un proceso, ojalá acelerado, para determinar su culpabilidad y, por tanto, establecer una sanción. También es encomiable que las autoridades no hayan interferido con la justicia para que este importante militante del partido oficialista sea investigado.
Sin embargo llama la atención que estando la denuncia desde febrero pasado en la Fiscalía, y habiendo sido este hecho público, las autoridades, especialmente del Ministerio de Transparencia, no hayan actuado oportunamente.  Para no mencionar que las denuncias, como se señala líneas arriba, datan de 2010, sin haber logrado ningún interés de las autoridades. Sólo una seguidilla de informaciones de los últimos días hicieron que la ministra Nardi Suxo finalmente hiciera una declaración demandando la renuncia de Cutipa y su procesamiento.
Este caso demuestra cómo fallan en Bolivia los mecanismos de control e investigación. Cutipa, como hemos afirmado, logró desviar 45.000 toneladas de coca incautada entre 2006 y 2013, es decir unas 6.400 por año. Las investigaciones señalan que su red de venta irregular estuvo vigente hasta poco antes de su detención. Por lo tanto, se puede presumir que logró enviar al circuito del narcotráfico unas 4.200 toneladas desde febrero pasado. ¡Y casi 20.000 desde 2010!
Pero, no solamente es la falta de oportunidad en las investigaciones -pese a que eran hechos públicos- lo que llama la atención notablemente en este caso, también la reacción de Cutipa después de que se destapara el escándalo.
La exautoridad ha pretextado todo tipo de explicaciones, unas menos creíbles que otras y finalmente ha adoptado la actitud de víctima de una conspiración en su contra. Hace algunos días, una reportera de este medio que visitó el penal de Patacamaya fue increpada y amenazada por Cutipa, quien también advirtió que realizaría un juicio a este medio por haberlo denunciado. "Ustedes me deben y voy iniciar un juicio”, sostuvo.
Más allá de lo inaceptable de esta reacción, es preocupante que los funcionarios que son acusados de corrupción o extorsión -el de Cutipa no es el único caso-  no sean capaces de aclarar los hechos que se les imputa y todo permanezca en el plano de la presunción y la conjetura. En otras palabras, se detiene a la persona, pero no es posible erradicar el mal de raíz en la institución pues, tanto de parte de otros funcionarios como de los acusados, el secretismo es invencible.
Con todo, es de esperar que el caso Cutipa ayude a detener esta red de extorsión que además es muy probable que haya estado alimentando la cadena del narcotráfico. Lo que puede parecer un hecho anecdótico demuestra la importante penetración de esta actividad ilícita en el país. Y éste, tampoco es un tema menor.

Llama la atención que estando la denuncia desde febrero pasado en la Fiscalía, las autoridades no hayan
actuado oportunamente.

Es  positivo que un exfuncionario sobre el que pesan dudas sea investigado. La justicia debe realizar un proceso,  para determinar su culpabilidad.

 

 

 


   

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