La crisis sin fin de la justicia

Editorial
martes, 22 de octubre de 2013 · 21:25
Ya se ha hablado en esta sección sobre la lamentable muerte de José María Bakovic, fallecido por un paro cardíaco la semana pasada. Bakovic, que fue presidente del Servicio Nacional de Caminos, enfrentaba nada menos que 76 juicios, abiertos la mayoría de ellos por funcionarios relacionados al Gobierno. Esos funcionarios, coludidos con jueces y fiscales que dependen del poder, lograron su cometido de una manera dramática, incluso quitándole la vida al obligarlo a declarar en ciudades de altura, pese a su mala condición de salud. Los médicos forenses que autorizaron su traslado a la ciudad de La Paz deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.
La razón de tanta inquina la dio su abogada, Audalia Zurita, que recordó que Bakovic había denunciado, cuando estuvo detenido 20 días en la cárcel de San Pedro, que la adjudicación mediante decreto supremo del tramo carretero Potosí-Uyuni tenía un elevado sobreprecio. No fue su única denuncia. Al defenderse de tantos juicios, él presentaba pruebas contra sus acusadores, haciendo evidentes sus contradicciones.
El caso Bakovic pone en evidencia  una crisis mayor en la administración de la justicia en el país, marcada por la deshumanización, la falta de sentido común (Bakovic enfrentaba juicios simultáneos en varias ciudades, muchas veces tenía dos audiencias distintas en dos departamentos distintos el mismo día), la negligencia, la impunidad.
Aunque los bolivianos lo sabemos muy bien, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Tim Torlot, identificó cinco debilidades en la administración de justicia en Bolivia: influencia del poder político y otras presiones, corrupción, retardación y falta de acceso a la justicia en el área rural.
Lo preocupante  es que  el Gobierno está haciendo extraordinariamente poco para enfrentar esta crisis. Como se señaló en este espacio, innumerables veces y desde hace dos años,  la elección de magistrados por voto popular no ha resuelto ninguno de los problemas; por el contrario, los ha agudizado.
 Los problemas de la justicia en Bolivia deben resolverse "de abajo para arriba”, es decir desde los niveles de jueces hacia estructuras superiores. Cambiar a los más altos magistrados no resolvió (no podía, en rigor) nada.
La justicia enfrenta problemas metodológicos (procedimientos penales y civiles pesados, burocratizados, propensos a la chicana); de falta de recursos humanos y materiales; de corrupción; de deshumanización. Ninguno de esos asuntos se podría haber resuelto solamente eligiendo a una veintena de altos magistrados.

Aunque los bolivianos lo sabemos muy bien, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Tim Torlot, identificó cinco debilidades en la administración de justicia en Bolivia.

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