Menudencias

Objetividad y transparencia

Juan León Cornejo
miércoles, 23 de octubre de 2013 · 21:49
Más allá de sus consecuencias inmediatas, dolorosas por la pérdida de vidas, las implicaciones político-sociales de los aún confusos hechos de Apolo exigen conocer la verdad con la mayor objetividad y transparencia posibles.  Por encima de intereses de coyuntura y de una vana discusión sobre si fue emboscada o hubo enfrentamiento, lo ocurrido el sábado en el norte de La Paz construye un mensaje contundente de señales múltiples.
La causa y consecuencias de lo ocurrido son seguramente más complejas de lo que aparenta la información básica. Su análisis, por eso, no se agota en advertir que habrá "máxima sanción” para "esos asesinos que han disparado cobardemente”.  Pero en afán de justicia, hay que investigar quién o quiénes dispararon a quién y por qué.
Si son ciertas las denuncias de la gente de Apolo, los agentes de erradicación atropellaron sus derechos al ingresar violentamente, en la madrugada, a sus hogares. Golpear mujeres, niños y ancianos es abuso de patota. Hacerlo en nombre de la ley viola derechos constitucionales en cuyo ejercicio es lícita la defensa propia. Además, claro, de que la misión específica de esos agentes lejos de golpear a civiles sólo era erradicar cocales. La hipótesis de atropello, lamentablemente, tiene antecedentes de otras acciones. Chaparina, por ejemplo.  
    Desde la vereda de enfrente, si es cierta la versión que atribuye a gente vinculada al narcotráfico la resistencia a erradicar cultivos, lo del sábado es también grave.  Se habló de armas de guerra y de presencia de extranjeros en esa región. "Ha habido una planificación militar”, dijo el Presidente, al reconocer que fue "la primera vez que el Gobierno entra a esa zona”.
     Esa región de escasa población fue, en el pasado inmediato, área de influencia de la guerrilla peruana. Por encima de eventuales afinidades ideológicas que puedan haber hoy, allí habría el riesgo de interacción del narcotráfico, que genera poder económico, y las ambiciones de poder político hegemónico que se alimenta de él.
     Reconocer que es "la primera vez” que el Estado ingresa a esa zona con "los riesgos y costos” que significó hacerlo, como dijo el Gobierno, preocupa porque suena a descuido dejar desguarnecida una región de esas características. Más aún cuando   la actual estructura administrativa del Estado tiene una unidad militar específica para el control y desarrollo de fronteras que, bajo batuta directa de la Presidencia, operó en otras regiones del oriente, aunque con claras connotaciones políticas.  
Más grave aún que esa omisión es que las declaraciones oficiales implican reconocimiento de la existencia de un "territorio libre” donde el narcotráfico opera con reglas propias. Un "territorio libre” de riqueza rápida, ilegal e improductiva para el Estado, que no paga impuestos ni le rinde cuentas a nadie.
Si es así, nada garantiza que ése sea el único "territorio libre” en el vasto territorio nacional.  Tecnología mediante, producir cocaína ya no depende sólo de la calidad de la coca. Si los indicadores de producción y ganancia son los que son y su resultado está a la vista, es pues posible que existan otros lugares. Con un poco de cinismo, sus operadores podrían alegar discriminación si se cierra un ojo ante el crecimiento de cultivos en una zona y se empuña machete para erradicarlos en otra. "Si a ellos les permiten, ¿por qué nos prohíben a nosotros?”.
     Para dar credibilidad a esa posibilidad, a los indicadores económicos se suma un comunicado que en tono de viejos tiempos de dictadura le advierte al país que las Fuerzas Armadas "no permitirán la creación de zonas controladas por grupos que con intereses mezquinos han decidido ponerse al margen de la ley” y que "la institución fundamental del Estado adoptará todas las acciones legales para que estos hechos delictivos no queden en la impunidad y sean castigados”.
Más allá de que el argumento de preservar el orden constitucional fue usado en 2003 para justificar la orden presidencial que sacó a los militares a las calles, conviene recordar que bajo el orden constitucional, investigar y sancionar lo ocurrido en Apolo le corresponde a la justicia. Y le corresponde al Gobierno frenar el crecimiento de los cultivos, definir áreas y volúmenes de producción, si además de combatir el narcotráfico pretende sustentar sus argumentos en defensa de la "hoja sagrada”.
Es pues importante conocer la verdad, sin tapujos ni cortapisas, cuando son habituales las muchas dudas que generan las declaraciones oficiales. Sobre todo porque rostros demudados y adjetivos de todo calibre parecen más bien  afanes de justificación pública frente a un duro tirón de orejas interno, antes que información objetiva y transparente.

Juan León es periodista.

Conviene recordar que bajo el orden constitucional, investigar y sancionar lo ocurrido en Apolo le corresponde a la justicia.

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