Otras palabras

Los pueblos indígenas de América Latina

Fernanda Wanderley
miércoles, 23 de octubre de 2013 · 21:50
La población indígena en América Latina exhibe una enorme diversidad étnica, lingüística, de hábitat, de posición social y económica y condición jurídica. Se estima que ésta corresponde al 6% o 7% de la población latinoamericana.
 Brasil es el país con más pueblos indígenas, por encima de los 200, seguido por Colombia con más de 80, México con más de 60 y Perú con más de 40. En términos relativos, Bolivia y Guatemala son los países con un porcentaje mayor de población indígena en relación con la población general, con alrededor del 40% en ambos países. Brasil está en el extremo opuesto con menos del 1% del total de su población.
El reconocimiento de los derechos indígenas en el continente también es muy heterogéneo. Mientras países como Chile se rehúsan a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, Bolivia y Ecuador están en la vanguardia en términos de integración de derechos colectivos e individuales en sus constituciones.
Sin embargo, se puede afirmar que la realidad de la mayoría de los pueblos indígenas en la región no ha cambiado significativamente y su supervivencia sigue amenazada.
Las denuncias realizadas estos días en España por el vicecoordinador del Consejo Indígena del Estado brasileño de Roraima, Ivaldo André, confirma la persistencia de las hostilidades contra los pueblos indígenas, inclusive en los países que reconocieron constitucionalmente sus derechos. En Brasil, con la Constitución de 1988, los pueblos indígenas lograron el derecho a sus tierras y a la conservación de su organización social, costumbres, lenguas y tradiciones, esto es, el derecho a la diferencia.
Este avance constitucional permitió, en las décadas siguientes, el reconocimiento de reservas indígenas en el territorio brasileño. Sin embargo, la demarcación concreta  de los mismos no ha seguido procesos continuos, tampoco se desalojó a los agricultores no indígenas de estos territorios.
Los terratenientes y empresas mineras, interesados en la utilización de estas tierras para la producción agrícola extensiva o la explotación de minerales, siguen presionando a los gobiernos federal y estatal para la reversión de los derechos concedidos a los pueblos indígenas.
 Los asesinatos de líderes indígenas y misioneros, la quema de casas y escuelas en las reservas indígenas son tácticas todavía vigentes. De igual manera está la complicidad de las autoridades gubernamentales con los terratenientes y las empresas mineras, reproduciendo prácticas como, por ejemplo, el encubrimiento de los asesinatos.
La realidad de los pueblos indígenas en Bolivia es más compleja debido a que vivimos un proceso de reconocimiento de derechos e inclusión política y simbólica de los pueblos indígenas en los últimos 20 años. Sin embargo, inclusive en Bolivia, este proceso no abarca el conjunto de los pueblos indígenas. Basta ver lo que están viviendo los pueblos indígenas de tierras bajas como, por ejemplo, los yuracarés, mojeños y chimanes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.  
Lo que vemos es que, inclusive en los países que han dado pasos importantes en términos de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con la firma de convenios internacionales, la promulgación de constituciones progresistas y la elección de gobiernos de izquierda, las visiones hegemónicas de desarrollo siguen afines a intereses económicos contrarios a los principios de equidad étnica y sostenibilidad ambiental. Por esto no transitamos a políticas públicas consecuentes con los principios normativos.
 

Fernanda Wanderley es socióloga e investigadora.

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