Meridiano

Un inopinado conflicto entre Evo y los cocaleros

Fernando Molina
jueves, 24 de octubre de 2013 · 20:54
El asesinato de cuatro miembros de la fuerza combinada del Ejército y la Policía que se encarga de destruir las plantas de coca ilegales en un tiroteo que además causó 11 heridos, ocurrido en Miraflores, un pequeño pueblo del norte de La Paz, puso a Evo Morales en la lista de los presidentes que han tenido que enfrentar conflictos severos con los productores de coca desde que éstos se organizaron como un sector campesino independiente en la década de  los años 80. El hecho resulta paradójico, ya que, pese a su alta investidura, Morales sigue siendo el máximo dirigente de los "cocaleros” bolivianos.
Carlos Romero, ministro de Gobierno, trató de explicar la paradoja relativa al Presidente culpando a "narcotraficantes peruanos”. Sin embargo, nueve campesinos se encuentran detenidos en este momento.
Las fuerzas dedicadas a la erradicación fueron emboscadas por facciones radicales de cocaleros en distintas ocasiones en el pasado, cuando Morales era representante del sector en el Parlamento; en tales momentos, el actual Presidente justificó a los suyos como pudo. Morales no ha dejado de percibir la similitud entre ambas situaciones; únicamente ha hecho una precisión: si antes los cocaleros resistían un proceso que "dirigía EEUU”, ahora en cambio se enfrentan con un Gobierno nacionalista. Por tanto, ya no tendrían razones valederas para hacerlo.
Pero si esta diferenciación es muy discutible, no lo es que la extrema violencia de Miraflores no es usual en Bolivia y podría efectivamente indicar una conexión entre los productores de la materia prima, que hasta ahora han estado más o menos aislados de las mafias comercializadoras, y éstas últimas, una posibilidad que se anticipa con temor desde hace años. "Esto fue planificado y la gente del campo no planifica (sus luchas sociales)”, dijo el Presidente.  
Los campesinos de Apolo son advenedizos en el mundo cocalero y nadie los reconoce como miembros del mismo, pues trabajan en un área prohibida para la coca. No era diferente, sin embargo, la condición que en la década de  los años 80 tenía la mayoría de los cocaleros del Chapare, de donde viene el Presidente.
En forma similar a la de Evo Morales en su tiempo, los dirigentes apoleños están argumentando ahora que los militares y policías cometieron abusos en su comunidad, fueron rechazados con piedras y explosivos caseros ("normales” en una movilización boliviana) y, por la confusión resultante, se dispararon entre ellos. Una explicación inverosímil, dado el estado en que se encontraron los cuerpos, algunos de ellos con signos de tortura, y el hecho de que no haya ningún campesino herido.
Morales confesó que su mayor miedo al enterarse de estos hechos fue que los militares respondieran con bala al ataque, ocasionando una masacre. En ese caso su Gobierno hubiera aparecido repitiendo lo que él combatió y denunció desde la oposición. La contención militar salvó su gestión de una mancha que posiblemente hubiera sido imborrable.
El problema de fondo -del que no ha podido escapar ni siquiera un presidente cocalero- es que la plantación de coca resulta cuatro o cinco veces más rentable que cualquier otro cultivo legal, lo que confiere a este comportamiento ilegal un atractivo permanente. Y que, diga lo que diga la propaganda oficial, la mayor parte de la coca termina siendo transformada en cocaína, por lo que la erradicación es una necesidad también permanente del Estado.  
La relación especial entre Evo y los campesinos del trópico no tiene el poder suficiente para disuadir a un colectivo acostumbrado a la acción directa de que olvide sus intereses. Esto es lo que acaba de ser probado. Lo que le queda al Presidente, entonces, igual que le restaba a sus antecesores, es usar la fuerza, pero hasta ahora la fuerza ha dado pocos resultados y en cambio ha traído mucho luto al país. Éste es uno de los dilemas nacionales. Y Morales tampoco ha podido resolverlo.
Lo sucedido afecta, así sea colateralmente, los intereses y las percepciones del grupo al que Evo pertenece y considera su propia familia. Por otro lado, atrae críticas sobre su política antinarcóticos, una de las más controvertidas de su periodo por su fuerte ideologización, que se tradujo en la expulsión del país de las agencias estadounidenses de lucha contra la droga, y en la reiterativa reprobación de Bolivia en el examen que hace el Departamento de Estado de los esfuerzos extranjeros en la lucha contra las drogas.
Se trata, entonces, de un asunto ingrato, pero sus efectos políticos no tienen  que ser obligadamente negativos para el oficialismo: todo dependerá de cómo Morales y Romero respondan a la crisis. Hasta ahora ambos han mostrado una gran capacidad para manejar los problemas que han enfrentado, y esto ha impedido que los mismos dañen la imagen del Gobierno.
 
Fernando Molina es periodista
 y escritor.

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