Nueva demora en el informe de la coca

Editorial
jueves, 24 de octubre de 2013 · 20:52
Un editorial anterior puso en duda la enésima promesa del Gobierno de dar a conocer los resultados del estudio sobre consumo legal de coca en Bolivia, que las autoridades mantienen en reserva desde hacer tres años.
El estudio, que se desarrolló entre los años 2008 y 2010, fue financiado por la Unión Europea, que entregó 800 mil  dólares para realizarlo. Sus resultados deberían ayudar a definir nuevas políticas sobre la manera cómo luchar contra el circuito de coca-cocaína en Bolivia.  
En agosto pasado, el representante en Bolivia de la oficina contra las drogas de las NNUU, ONUDC, Antonino De Leo, pidió a las autoridades que se entreguen los resultados del informe "lo más pronto posible”. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, aceptó el pedido y dijo que se divulgarían el 28 de octubre, en ocasión de una reunión a realizarse en Viena de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Era una buena noticia.
Sin embargo, Cáceres fue contradicho por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien explicó que el Gobierno "no maneja plazos” para entregar el reporte. Dio a entender que el Ejecutivo todavía no ha decidido cuándo lo entregará. Y explicó las razones del retraso: dijo que el estudio original tenía "deficiencias metodológicas” y que se requirió elaborar ocho estudios específicos complementarios. ¡Lo insólito es que esos estudios no hayan podido concluirse en tres años!
Ante esta nueva dilación, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Tim Torlot, hizo conocer su "frustración”.
Para realizar políticas públicas, tanto bolivianas como internacionales, destinadas a la lucha contra el narcotráfico, se necesita tener información precisa sobre uno de los temas de este espinoso asunto, el de la producción de la materia prima, es decir las hojas de coca. Obviamente, no toda esa producción va al mercado ilegal, pero sí una buena parte. Establecer justamente aquello es lo que busca el estudio y la no presentación del mismo en tantos años sólo puede demostrar que sus resultados son contrarios a los intereses del oficialismo y que el consumo legal de la hoja es menor a lo que el Gobierno esperaba. No hay otra explicación ante tamaña tardanza.
Las buenas noticias sobre la reducción de cocales en el país (ratificada por las NNUU y el Gobierno de EEUU), y por tanto la credibilidad de las autoridades en este tema, quedan afectadas gravemente por no entregar un estudio que puede ser muy útil para conocer mejor nuestra realidad y, lo que es mejor, aportar con soluciones.

Para realizar políticas públicas, tanto bolivianas como internacionales, destinadas a la lucha contra el narcotráfico, se necesita tener información.

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