Los trágicos sucesos de Apolo

Editorial
sábado, 26 de octubre de 2013 · 18:36
Para el Gobierno es  incómodo criticar las acciones de los cocaleros, cuando hace menos de una década el Presidente, en su rol de diputado, reivindicaba  las "acciones de defensa” contra los intentos de erradicación.
Con todo, el presidente Evo Morales ha dicho algo sorprendente en las recientes horas. Ha señalado que el dicho ¡kawsachun coca! (viva la coca) "ya ha pasado de moda” y que ahora los campesinos del Chapare deberían gritar kawsachun piña o kawsachun palmito, otros productos existentes en la zona.
 Morales es presidente de las seis federaciones de cocaleros desde hace casi 20 años y su declaración ocurre luego de una semana de uno de los hechos más graves sucedidos en el marco de la lucha contra los cocales  excedentarios del país, cuando un presunto grupo de cocaleros de la zona de Apolo atacó  con armas de fuego al contingente que se encargaba de las tareas de erradicación, resultando muertos dos soldados, un policía y un médico.
 Actualmente, desde el Gobierno se usa el mismo argumento que en las anteriores gestiones: que esos cocaleros están manipulados por el narcotráfico.
Los cocaleros de Apolo han denunciado que las fuerzas de tarea conjunta, encargadas de la erradicación, ingresaron en sus casas y cometieron graves abusos. Luego habrían intentado tomar revancha, produciéndose las muertes.
Para evitar la contradicción en la que se encuentra el Presidente, como Jefe de Estado y líder de los cocaleros al mismo tiempo, sería conveniente que aceptara las sugerencias de quienes demandan su renuncia al liderazgo  de las seis federaciones de cocaleros del Chapare;  sería lo más lógico. Un Jefe de Estado representa a todos los habitantes del país; ser a la vez líder sindical, además de un sector polémico, no es correcto.
Pero la violencia de Apolo parece también demostrar un cambio en la forma en la que se da la producción del circuito coca-cocaína en Bolivia. Antes, la producción de la hoja y de la droga estaba en manos distintas. Hoy parece ser, según diversos estudios, que los mismos productores de la planta son también quienes tienen microfábricas de droga. Esto explicaría por qué las extensiones de cocales en el país bajan, según análisis de las NNUU y de EEUU, pero a la vez suben las cantidades de cocaína producidas y exportadas.
Al haber el país expulsado a la NAS y la DEA, que ofrecían información sobre el tráfico de drogas a las autoridades bolivianas, y al no haber sido plenamente sustituidas esas entidades por organismos bolivianos, el país aparece ahora como más vulnerable a las acciones de los traficantes de droga.
En ese marco, un elemento que vale la pena mencionar otra vez es el que tiene relación con la demora en la entrega a la opinión pública, por parte de las autoridades bolivianas, del informe sobre consumo legal de coca, que recibió hace tres años. Ese informe sería muy útil para poder reenfocar las políticas públicas respecto de este tema.
Recientemente, algunos líderes opositores que dicen conocer  una parte del informe afirman que en éste se informa que la extensión de cocales para uso legal tendría que ser de 6.000 hectáreas, es decir la mitad de las que acepta la Ley 1008 y más de cuatro veces inferior a las 25.000 hectáreas que el país tiene en total según las NNUU. El Gobierno se resiste a  entregar ese informe pese a los reclamos de dirigentes opositores, analistas y los propios representantes de organismos internacionales.
El apunte final de este tema es preguntarse si el narcotráfico se combate con eficiencia a través de acciones policiales o militares o si la mejor forma de contener el negocio es, más bien, avanzando hacia su despenalización. Como defienden muchas personalidades y expertos a nivel internacional, éste  es un mecanismo  eficiente para luchar contra el tráfico de drogas y toda la violencia, corrupción y otras lacras que se desprenden de éste.

Está claro, con todo, que una decisión como ésta, obviamente, debe ser tomada por la comunidad internacional en su conjunto.

Hoy parece ser, según diversos estudios, que los mismos productores de la planta son también quienes tienen microfábricas de droga.

Para evitar la contradicción en la que se encuentra,el Presidente  debería hacer caso a quienes demandan que renuncie a ser dirigente cocalero.

 

 

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