Cara o cruz

Milena Fernández y la fetidez de la política

Raúl Peñaranda Undurraga
miércoles, 30 de octubre de 2013 · 20:59
La periodista Milena Fernández se hizo famosa hace 16 meses por haber dicho en un programa de farándula que Oruro es una ciudad fétida. La alcaldesa de la capital orureña, Rossío Pimentel, ni corta ni perezosa, inició un proceso penal contra ella por haber vertido esa opinión. Desde entonces, ha liderado una absurda, sostenida, demagógica y colérica campaña contra Fernández. Existe un agravante: Pimentel es periodista y sabe que está vigente en el país la Ley de Imprenta y, en términos más amplios, la libertad de expresión. Por lo visto, no tiene nada mejor que hacer y 16 meses después de la declaración persiste en llevar adelante el proceso judicial por "discriminación” utilizando la ley antirracismo. Hoy está vigente una segunda orden de aprehensión contra la periodista.
Primero admitamos que muchas ciudades de Bolivia, lamentablemente, son fétidas. El subdesarrollo del país hace que existan zonas enteras sin alcantarillados, que la basura se esparza por calles y plazas y que los baños públicos sean una verdadera rareza. Hace diez años el diario Clarín de Buenos Aires dijo que algunas calles de La Paz huelen a pipí. El alcalde paceño de entonces, por suerte, no inició procesos penales. Es que es verdad. Oruro tiene ese mismo problema, que se agrava cuando decenas de miles de turistas, danzantes y músicos llegan a esa ciudad para ver, a tiempo de tomar millones de litros de cerveza, su (hermoso) carnaval. No hay suficientes baños portátiles y, por tanto, a los visitantes no les queda otra que hacer sus necesidades en plena calle. Estuve con mi familia allí hace dos años. Sufrimos esa situación en carne propia y casi termina por arruinar lo bello del espectáculo. Igual volveremos.
Poco después de las declaraciones de Fernández, el diario La Patria de Oruro, en una muestra de valentía, admitió que su ciudad tiene problemas de higiene y que las autoridades deberían enfrentar ese problema. Y hace poco, afortunadamente, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, ha decidido asumir la representación de Fernández. Y ha demandado, con toda lógica, que el proceso se dé por terminado. Recordó que Fernández (que dirige un programa de turismo en el canal estatal) ha pedido disculpas decenas de veces por su (semi) metida de pata. Incluso la presidenta de Diputados, Betty Tejada, ha pedido poner fin a este circo judicial.
El caso es reflejo de una crisis mayor de la política y la justicia bolivianas. Por una parte, en vez de reflexionar sobre el fondo del problema, la falta de higiene y salubridad, la alcaldesa se lanza contra la periodista por motivos políticos, demagógicos. Por otra, se observa aquí la negligencia de jueces y fiscales. Ante una monstruosa retardación de justicia y delitos graves a cada paso, los obcecados juez Julio Huarachi y fiscal Rando Chambi persisten en llevar este caso adelante, como si en ello se les fuera la vida. ¿Acelerar otros procesos? ¿Tratar de reducir la criminalidad? ¿Darle importancia a las denuncias más graves? Nada de eso, todo sea salir en la foto como los defensores del "civismo orureño”.
Más grave todavía: este caso, según se puede ver en los comentarios que dejan los usuarios en los videos de YouTube y Facebook, demuestra que en el país siguen tristemente vivos el regionalismo y el racismo. Parece que nadie pudiera comentar el tema sin sacar sus más primitivos prejuicios. El Ministerio de Educación y las gobernaciones deberían leer un poco de esos comentarios y ver qué se puede hacer.
Mientras tanto, según parece, no hay ninguna iniciativa para mejorar la situación orureña. O sea que, en el próximo carnaval, miles de turistas se llevarán como cada año una imagen contradictoria sobre la fiesta: por un lado la que genera la belleza y potencia de la música y, por otro, la del exceso, la borrachera y la mugre.
Alcaldesa Pimentel, háganos un favor a todos y dé por terminado este asunto.

Raúl Peñaranda U. es periodista.

Pimentel esperiodista y sabe que está vigente en el país la Ley de Imprenta y, en términos más amplios, la libertad de expresión.

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