Ministro y el acceso a la información

Renzo Ayarde
domingo, 06 de octubre de 2013 · 19:45

Faltaba sólo la palabra del ministro para redondear un reportaje. Conseguirla era una tarea complicada y casi titánica, pero según los autores, se pensaba que no era imposible. La gestión comenzó un martes, cuando se solicitó a través de la unidad de comunicación una entrevista con la autoridad.
Una oficiosa funcionaria técnica de la unidad se encargó de hacer las diligencias que demandaba el encargo. Sus respuestas, como resultado del seguimiento a la gestión, en los siguientes días fueron: "El ministro está en reunión”, "ya le dije a mi jefa de la solicitud”, "ya le avisamos al ministro la solicitud y estamos esperando su respuesta”, para finalmente, después de cuatro días, señalar que "la jefa de la unidad (de comunicación) se encuentra con una infección estomacal y que por ese motivo no vendrá a trabajar ni podrá agendar la entrevista”.
Un último y desesperado intento fue llamar directamente al celular del ministro, quién milagrosamente contestó pero indicó que se encontraba sin tiempo en su agenda para dar la entrevista y además debía salir de viaje en ese instante.
Por último, los autores desistieron de las palabras del ministro y tuvieron que recurrir a otra fuente para concluir el trabajo periodístico.
Lo relatado se repite cotidianamente en las instituciones públicas y las unidades de comunicación no siempre son las mejores instancias/canales para que los medios de información, periodistas y ciudadanía en general accedan a las autoridades y a información requerida; al contrario, son una especie de filtro que –en muchos casos– se encargan de "alejar/esconder” a las autoridades de los medios de comunicación y, por ende, a la información de la ciudadanía.
A modo de paréntesis, cabe señalar que ésta es una práctica antidemocrática que se arrastra desde hace muchos años  y estuvo ligada al uso discrecional de los recursos y, por supuesto, a hechos de corrupción.  
Esto entra en total contradicción con cualquier principio básico y elemental de transparencia que deben tener los Estados democráticos, es decir con el derecho que tienen, no sólo los periodistas, sino los ciudadanos en general de saber y conocer qué hacen los gobiernos y autoridades con los recursos públicos y cómo los gestionan.
Actualmente, se encuentra en construcción la "Ley de transparencia y acceso a la información pública”, instrumento jurídico que debiera garantizar el acceso a la información y con el cual se debiera transparentar el trabajo que realizan las instituciones públicas. Además, es un proyecto de ley que ha generado susceptibilidad, pues uno de sus artículos plantea excepciones para el acceso a la información pública. Sin embargo, en muchos casos, las leyes se quedan sólo en los papeles y los distintos niveles de gobiernos se convierten en encubridores y cómplices de hechos irregulares que ocurren diariamente en ministerios, viceministerios, direcciones, oficialías, etcétera. Es decir, las leyes se convierten en un instrumento para el "marketeo” político del partido de Gobierno y del Presidente.
Los instrumentos jurídicos que contribuyan a la transparencia y al acceso a la información son aplaudibles, pero más allá de las normas, lo que no deben olvidar las instituciones públicas (y sus funcionarios) es el deber que tienen para con la sociedad de garantizar el derecho del acceso a la información y de generar una cultura de la transparencia (mecanismos como las ferias a la inversa, concurso de méritos en contratación de su personal, páginas web actualizadas y, de ser posible, interactivas, etcétera); es decir, los bolivianos demandamos una gestión realizada por hombres y mujeres eficientes, con capacidades comprobadas y, sobre todo, honrados.
Sólo en un contexto como el descrito, los voceros y las autoridades tendrán no sólo la obligación, sino el deseo de comunicar orgullosamente una gestión eficiente, transparente e incluso digna de elogio popular.


Renzo Ayarde es comunicador
socia

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