El deber de un funcionario público

Editorial
martes, 08 de octubre de 2013 · 20:37
Ha causado una gran polémica la instrucción que diera el Primer Mandatario a las autoridades y funcionarios públicos que pertenecen al partido gobernante, en sentido de destinar el 50% de su tiempo para hacer campaña con miras a las elecciones generales, que se realizarán en octubre de 2014.
"Empezamos en el gabinete, las autoridades electas para este proceso de cambio, departamentales, municipales y nacionales, ministros y ministras tienen que dar el 50% de su tiempo a la gestión y el 50% de su tiempo a la campaña electoral”, afirmó el Presidente, a tiempo de señalar que su candidatura debe asegurar una victoria del 74%.
Políticos de la oposición y analistas  criticaron al Mandatario por entender que su instrucción a los ministros de Estado supone una invitación a la violación de principios básicos de la Carta Magna, cuyo artículo 172 obliga al Mandatario a "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
El tema merece una profunda reflexión. No solamente porque los ministros vayan a obedecer la instrucción –cosa que probablemente harán o hubieran hecho sin que la ciudadanía tenga que ser anunciada públicamente sobre ello-, sino por lo que entraña el gesto presidencial. En democracia, los principios constitucionales son fundamentales para la convivencia y uno central, que hace a la buena relación entre autoridades y ciudadanos, es el respeto al rol del funcionario público.
La Constitución Política del Estado, aprobada en 2009,  dedica un capítulo entero (el cuarto) a los servidores y servidoras públicas, y entre otros, señala -art. 235- que "los funcionarios públicos deben respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública”.
Los ministros y ministras, al igual que el Presidente, son servidores públicos y en ellos se deposita una gran responsabilidad con la gestión de los asuntos del Estado. Nadie pone en duda su adscripción política e ideológica al partido de Gobierno, pero debiera garantizarse que ellos y ellas tendrán como principal obligación cumplir con este mandato, en la totalidad del tiempo que disponen y por el cual reciben un salario pagado con recursos de todos los bolivianos.
El mismo Presidente en más de una ocasión ha sostenido que él, sus ministros y las autoridades que designa, están "para servir al pueblo boliviano y no servirse de él”; y él, como muchos de los ciudadanos de este país, hemos criticado el uso abusivo de los bienes del Estado que se hicieran en otras gestiones, de manera que es incomprensible  que ahora se llame a vulnerar estos  principios.

En todo caso, de cumplirse la instrucción presidencial, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo Electoral deberán pronunciarse sobre el tema.

El mismo Presidente ha sostenido que él, sus ministros y las autoridades que designa están "para servir al pueblo boliviano y no servirse de él”.

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