La persecución judicial

Editorial
miércoles, 13 de noviembre de 2013 · 21:42
Pasaron relativamente desapercibidas las conclusiones y recomendaciones de la audiencia que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Bolivia y otros cuatro Estados signatarios.
 El comité dijo que una de las principales preocupaciones en el caso de nuestro país tiene que ver con el "insuficiente tratamiento de la reparación por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo de la dictadura militar (…) no existe aún suficiente reparación, ni en el plano económico, ni en términos de memoria, verdad y justicia para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1964 y 1982”. La decena de activistas que hace un año y ocho meses protesta frente al Ministerio de Justicia es una demostración de  indolencia.
La comisión también hizo hincapié en otro tema crucial para la vida en un Estado de derecho: la eliminación de la tortura (el tercer asunto analizado fueron los linchamientos). Sobre los vejámenes y abusos, dijo la entidad, éstos se producen en dependencias policiales y en las cárceles, en ocasiones cometidos por guardias y policías y en otras por los propios reos. Es una situación espantosa que debería, de alguna manera, enfrentarse.
A estas conclusiones y recomendaciones se suman las reflexiones a las que  arribó la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en su reunión de obispos. La CEB lamentó la persecución judicial que sufren algunos ciudadanos, porque son sometidos a numerosos juicios (al parecer) con el objetivo de "destruirlos en vez de instaurar la verdad”.
La CEB también deploró la falta de una justicia equitativa e imparcial para todos, porque "al igual que muchos otros ciudadanos, los religiosos acusados sufren una mal intencionada retardación de justicia”.
Ambas instancias han coincidido en resaltar problemas en la administración de justicia y en la forma en que se la concibe desde el Estado que son largamente señalados y debatidos, sin conseguir, sin embargo, que las autoridades del Ejecutivo y de las propias instancias judiciales consigan efectivizar  mejoras. Este tipo de menciones y argumentos son permanentes en nuestro medio y constituyen un peligroso precedente para el Estado de derecho.

La justicia o, mejor, la falta de ella está convirtiéndose en uno de los desafíos más importantes no solamente para las autoridades, sino para  la ciudadanía, que debe soportar una justicia que lejos de garantizarle la protección de sus derechos se muestra amenazadora e incierta.

La justicia o, mejor, la falta de ella está convirtiéndose en uno de los desafíos más importantes no sólo para las autoridades, sino para  la ciudadanía.

Confidencial

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