La curva recta

Todos contra los linchamientos

Agustín Echalar Ascarrunz
sábado, 16 de noviembre de 2013 · 20:05

Hace una semanas  Naciones Unidas ha emitido un comunicado instando  al Gobierno de Bolivia a tomar medidas para combatir los linchamientos, una práctica que se ha consolidado en nuestro país al extremo que ya no sorprende, ni llega a ser noticia de primera plana, a menos que la aberrante práctica sea sobrepasada por, digamos, un linchamiento colectivo, como sucedió en Achacachi hace varios años.
El primer brote de esta lacra tuvo lugar hace aproximadamente 15 años, durante el gobierno democrático de Banzer. Un joven, en las afueras de Cochabamba, fue quemado vivo, acusado de haber robado una garrafa de gas. 
Las historias de horror se han sucedido una tras otra. Son detalles escalofriantes, jóvenes arrastrados por autos hasta morir y el repetitivo intento de quemar vivas a personas sospechosas de un delito, en ciertos casos, con la terrible constatación de que algunas de esas víctimas habían sido además equivocadamente señaladas.
Si es que Banzer hubiera actuado con mano dura, como correspondía en el primer episodio, es posible que nos hubiéramos podido ahorrar esta secuela de espantos, pero el hombre que no tembló al gobernar un país durante  siete años en forma dictatorial, simplemente no se atrevió a tomar una medida que le hubiera causado problemas.
Sabemos, sin lugar a dudas, que el origen de los linchamientos está en la frustración que la gente siente ante una Policía y un sistema judicial  ineficiente, inoperante, vomitivamente corrupto, y que la verdadera solución al problema parte de una reestructuración real del sistema judicial y de la Policía, lo cual parte de dotar de mucho más dinero a ambas instituciones, empezando por pagar buenos sueldos a todos los funcionarios y pasando por dinero para poder efectivizar el trabajo, vale decir, hacer las aprehensiones, las investigaciones y evitar la retardación de justicia.
Ahora bien, esa asignatura pendiente, en la que el actual Gobierno, luego de siete largos años (y 10 meses) se ha aplazado. Casi podemos decir que difícilmente podrá ser superada mientras existan las actuales condiciones políticas. Sin embargo, es importante encontrar una panacea para tratar de frenar este comportamiento que se da en las periferias urbanas, en los pequeños centros interurbanos.  Posiblemente, aunque las cosas no se reviertan completamente, por lo menos disminuyan considerablemente, si se crea una opinión pública verdaderamente condenatoria a los linchamientos.
El llamado es a todos quienes tienen la mínima o mayor influencia, empezando por la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los yatiris y amautas, las autoridades gubernamentales, por  supuesto el defensor del Pueblo, las autoridades regionales y municipales, diputados y senadores,  los medios de comunicación y los artistas.
Un verdadero bombardeo de opiniones, de condenas a estas prácticas, en radios, en programas de televisión, en tandas publicitarias, en gigantogramas; alusiones concretas en las misas, amenazas de excomunión (y el infierno eterno)  a los católicos que participen  en un linchamiento o condenas de siete años de mala suerte para los pachamamistas, podría lograr crear una conciencia. Quién sabe y en el momento de la efervescencia bárbara, haga que algunos en la muchedumbre reaccionen y ayuden a frenar la orgía sangrienta. En resumen: es posible que muchas vidas se puedan salvar.
Lo ideal sería hacer una acción coordinada, no utilizable en las campañas electorales. Pero si no se logra eso, que el tema sea incluido en las campañas electorales a partir de su condena.
Bolivia tiene una muy pobre opinión pública. Hay quienes opinan que carece absolutamente de la misma, pero dentro de su propia dinámica se puede crear una y ganarle la batalla a los salvajes y criminales linchamientos, creando una conciencia contra ello. Sería algo que nos haría verdaderamente un país mejor.

Agustín Echalar Ascarrunz es
 operador de turismo.

 

 


   

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