Cuestionamientos al doble aguinaldo

sábado, 23 de noviembre de 2013 · 17:51
La sorpresiva decisión del presidente Evo Morales de otorgar un doble aguinaldo a los empleados públicos y privados del país ha sido recibida con más críticas que aplausos, debido a la extendida percepción de que provocará graves daños a los sectores productivos y tendrá consecuencias negativas para la población, incluso para las personas aparentemente beneficiadas, debido a las secuelas inflacionarias y la inseguridad laboral que genera.  En ese sentido, la apertura del diálogo entre Gobierno y empresarios para mitigar el impacto de la medida con la ampliación del plazo de pago es una buena señal.
Analistas coinciden en que la  decisión es "demagógica” y "electoralista” porque, dada la cercanía de las elecciones, estaría orientada a la obtención de votos más que a la satisfacción de una necesidad social. El problema es que, para ello, se utiliza, en parte, dinero del sector privado, sin una consulta previa sobre las posibilidades reales de las empresas en su conjunto (no solamente las grandes, sino las pequeñas y medianas) para cumplir una obligación que supone la erogación de cuatro salarios en 31 días.
 Es igualmente irreflexiva ya que no prevé consecuencias. Aunque las autoridades sostienen que no generará efectos inflacionarios, es poco probable que así sea; para empezar, la amenaza inflacionaria es tan cierta que el Banco Central ya ha decidido lanzar bonos y certificados para recoger 8.000 millones de bolivianos de circulante hasta el 31 de diciembre.
Tampoco ha tomado en cuenta la espiral de conflictos sociales que puede desencadenar. Al solo anuncio del decreto, varios sectores no beneficiados, como los  jubilados, han empezado a movilizarse para ser incluidos.
Abogados laboralistas la consideran también ilegal. En el caso de la administración pública, el Presupuesto General de la Nación -que establece el pago salarial- fue aprobado mediante una ley que un decreto no puede cambiar. Adicionalmente, la disposición establece que las entidades estatales paguen el segundo aguinaldo con partidas no ejecutadas, lo que podría implicar malversación de fondos, claramente tipificada en la ley boliviana, que fija duras sanciones para quienes la contravengan.
El Gobierno parece no percatarse de que las consecuencias negativas para la economía son mayores que las eventuales ganancias sociales y políticas. Además de inflación, la medida desincentivará la inversión, reduciendo el crecimiento para el próximo año, desalentará la contratación de personal nuevo y acrecentará la ya enorme informalidad, que llega al 80%.
Ante unas condiciones como las que pone el Ejecutivo a los empresarios formales, con leyes cada vez más restrictivas, y como el sector informal no tiene supervisión de ninguna clase, muchos empresarios preferirán lo más fácil (y lo más contrario a los intereses de la economía): "informalizarse”.
Otra consecuencia de esta medida será el probable cierre de decenas o centenas de empresas que trabajan en el país sin utilidades y cuyas frágiles finanzas se verán afectadas notablemente. Y ello implicará desempleo, algo que el Gobierno trata de evitar. Esto no puede menos que preocupar a los ciudadanos, incluso a los asalariados, que son los directos beneficiarios.
La argumentación para tomar esta medida es pobre: se señala que cada año que se tenga un crecimiento de más del 4,5% respecto del PIB la medida estará vigente. Esa cifra, que es el promedio del crecimiento boliviano durante varias etapas de la historia, no significa nada con respecto a qué sectores empresariales arrojen o no utilidades.

Efectivamente, muchas áreas de la economía, como el comercio, minería, transporte, telecomunicaciones y otros sí logran utilidades, pero muchas otras, no. Y estas últimas se verán en serios aprietos para cumplir la medida. Además, entre los sectores que sí tienen ganancias, más de un 90% está en la informalidad. Por eso esta medida no tiene ningún impacto allí, y sus trabajadores no recibirán este regalo presidencial.

El segundo aguinaldo implica un 8% de aumento salarial anual que, sumado al anterior, da  16%. Una cifra que ningún país se da el lujo de aprobar. 

 La apertura del diálogo entre  Gobierno y empresarios para ampliar el plazo de pago del segundo aguinaldo es loable y, si se aprueba, será bienvenida

 

 

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