El privilegio de la informalidad laboral

Armando Méndez Morales
viernes, 29 de noviembre de 2013 · 20:49
En lo urbano boliviano, cada año se incorporan 150 mil personas al mundo laboral, de las cuales, en un rango de 28.000 a 40.000, tienen la suerte de incorporarse formalmente. Son aquellas personas que tienen la suerte de contar con un salario mensual, tienen derecho a un seguro de salud y tendrán una jubilación.
En términos porcentuales estos datos indican que el empleo formal que se crea en las áreas urbanas de Bolivia no supera el 26% del empleo, si consideramos la jubilación y el seguro de salud como requisitos de formalidad.
Del sector rural ni hablar, prácticamente todos son trabajadores informales. Ahí no rige ningún salario mínimo.
Tampoco todos los trabajadores urbanos formales tienen derecho a tres salarios de desahucio si son despedidos, ni tampoco a la indemnización que implica un sueldo por año. Este privilegio sólo cuenta para quienes están amparados por la Ley General del Trabajo, amparo que no alcanza a los trabajadores del sector público, denominados funcionarios.
En Bolivia ser un asalariado es un privilegio. Cuando cada año la Central Obrera Boliviana se enfrenta con el Ejecutivo de turno para exigir un incremento salarial, cuando sale a las calles a marchar, bloquear y a lanzar sus dinamitas, lucha por los intereses de una minoría, la que es privilegiada. El obrero que trabaja en las minas y en las industrias, los empleados de la educación y de la salud, todos ellos son privilegiados.
Que los salarios son bajos, ¡claro que lo son! Es la consecuencia del crónico bajo nivel de producción de bienes y servicios de la economía boliviana y de su insuficiente crecimiento de largo plazo, que se traduce en una baja productividad.
Los dirigentes "obreros”, no satisfechos con el privilegio de contar con una remuneración mensual que les permita satisfacer sus necesidades básicas, añoran con que el Gobierno, en algún momento, les reconozca un salario para todos que esté en el orden de los 8.300 bolivianos para "vivir bien”, creyendo, ilusamente, que esto se puede resolver mediante una simple decisión política de un "Gobierno revolucionario”.
Nadie desde el exterior, con un mínimo de criterio, podría creer que este postulado se mantiene invariable en un país que ha vivido la primera hiperinflación en el mundo en tiempos de paz y no como consecuencia de una guerra.  
Un salario como el planteado por la COB, si algún Gobierno irracional se animase a llevar a la práctica, rápidamente encaminaría al país a su segunda hiperinflación y a otra grave depresión económica, como la que se vivió en la década de los años 80 del siglo pasado.
En marzo de 2006, el presidente Evo Morales dijo: "No es posible que el salario mínimo nacional sea 440 bolivianos. El gabinete económico me dijo vamos a aumentar 50%; yo no quiero 50%, quiero 100%. El salario mínimo nacional debe ser 880 bolivianos; ojalá el gabinete económico haga esfuerzos”.
Hoy ya no piensa así. Sigue convencido de que se debe decretar un aumento general de salarios. ¡Si hasta los neoliberales lo hacían!, con mayor razón un Gobierno que tiene sensibilidad social. Pero como ya está informado de que el Tesoro General de Estado no tiene los ingresos necesarios para financiar cualquier aumento, sólo puede hacerlo hasta alcanzar un cierto monto.
Si no fuese así, no es que al final se vería obligado a pedir préstamos a los organismos internacionales para pagar los incrementos salariales, porque éstos no prestan para pagar salarios, sino que tendría que hacer lo que se hizo en los años 80 del siglo pasado: "imprimir billetes”.
En síntesis: destrucción del pequeño aparato productivo, menos empleo formal para la gente, menos bienestar, serían los resultados, si es que por decisión política se impusiera el salario de 8.300 bolivianos para todos los formales. Al poco tiempo estos salarios se depreciarían rápidamente.
El gobierno del presidente Morales argumenta que no puede aumentar más salarios a los empleados públicos, porque de hacerlo tendría que reducir la inversión pública, lo cual es una realidad. Sin embargo, este mismo criterio no aplica para el sector privado. Por disposición gubernamental decide que todos deben incrementar el salario mínimo en un porcentaje, que fue del 20% para este año, y en otro por ciento a la "masa salarial”, por lo que el sector privado debería reducir su inversión, y con ello su capacidad a futuro de expansión.
Además, el incremento al salario mínimo tiene impacto sobre toda la curva salarial, aunque la señal gubernamental a los privados sea "aumenten más a los que menos ganan”, sin percatarse que el salario es un pago a la productividad individual, que es muy diferente entre los trabajadores.
Parecería que el Gobierno no sabe que las productividades entre las empresas privadas también son muy diferentes. A algunas les va muy bien y pueden aumentar, pero para otras puede implicar su quiebra.
Pero de manera dominante, el sector privado boliviano se desenvuelve en la informalidad, lo que implica que la ley no les llega y los aumentos salariales dispuestos por el Gobierno no se cumplen. Sucede que aumenta la informalidad.
Los políticos difícilmente comprenden que la política no puede modificar las leyes económicas del mercado.
La política de los incrementos salariales anualmente decretados por el Gobierno desde los tiempos diabólicos neoliberales es el mejor incentivo para la destrucción del empleo formal y para incrementar la informalidad.

Armando Méndez Morales es miembro de la Academia

Boliviana de Ciencias Económicas.

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