Las víctimas de dictaduras

Editorial
lunes, 4 de noviembre de 2013 · 21:31
No resulta coherente que en un sistema democrático se mantenga  sin solución la protesta de víctimas de las dictaduras durante un año y ocho meses.
 Mientras tanto, una decena de víctimas de las dictaduras viven en carpas  frente al Ministerio de Justicia, ante la indiferencia de sus funcionarios.  Ellos exigen el pago de los resarcimientos, variables según la gravedad de los casos, que estableció la Ley 2640, de 2004, para las víctimas de las dictaduras. Además,  tendrían derecho a recibir gratuitamente atención médica mediante la Caja Nacional de Salud, entrega de medicamentos y equipo de rehabilitación necesarios para su recuperación.
 El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que aunque hay personas inconformes con los resarcimientos, "cumplimos con la ley, pero la gente no siempre se siente satisfecha y hay personas que se sienten involucradas y quieren recibir su financiamiento”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, sostuvo que la solución pasa porque los manifestantes recurran a la justicia ordinaria e inicien un proceso contencioso administrativo (...) y aprobar la lista a través de un decreto.
Cabe recordar que el proceso de evaluación de los posibles beneficiarios ha sido extremadamente lento, en parte gracias a las absurdas exigencias de la ley y en parte por la ineficiencia estatal.
Hace poco, Gregorio Lanza, de la Defensoría del Pueblo, que emitió un informe, hizo notar que "los parámetros y las pruebas para la calificación (como víctima de las dictaduras) han sido demasiado exigentes, ilegales”. Por ejemplo, se les ha pedido certificados a los que estuvieron presos sobre sus detenciones y las torturas que sufrieron. Esa exigencia demuestra la poca voluntad de las autoridades de indemnizar a las víctimas. ¡O sea que más de 40 años después de los sucesos el afectado debe comprobar que fue torturado!
La Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política fue creada en 2005 para recibir y calificar las solicitudes de las posibles víctimas; recibió 7.963 solicitudes pero, debido a burocracia e ineficiencia, sólo 1.714 beneficiarios habían sido habilitados hasta diciembre de 2012.

Mientras tanto, según informó a Página Siete, 12 de los posibles beneficiarios de la ley han fallecido en los últimos años  debido a problemas de salud y a dificultades, aseguran, causadas por sus extensas detenciones y torturas que sufrieron, a lo que se añade -en el caso de quienes mantienen la vigilia en El Prado paceño- las dolencias causadas por la edad y por la permanencia a la intemperie. Es tiempo de que el Gobierno se humanice y atienda este tema.

Mientras se da una grave falta de interés en solucionar el problema, el Gobierno les da a los militares cada vez más atribuciones y responsabilidades.


AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

104
49

Comentarios

Otras Noticias