Acoso político contra las mujeres

Editorial
martes, 05 de noviembre de 2013 · 20:36
La muerte de Benita Pari Apaza, miembro del Tribunal de Ética del Movimiento Sin Miedo (MSM), aparentemente torturada antes de ser asesinada, es una herida abierta más en la historia del acoso político a mujeres en Bolivia. Benita -de quien sus familiares sostienen era perseguida y amenazada por personas hasta hoy desconocidas- cumplía activas funciones políticas en un partido, y al parecer podría haber sido víctima de una persecución o de acciones de amedrentamiento con fines políticos que finalmente acabaron con su vida.
Benita Pari no es el primer caso de esta naturaleza. Hace poco más de un año, la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, fue arrojada al río después de haber sido asesinada y, en este año, Virginia García Parra de 33 años, concejala municipal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tiraque, fue hallada sin vida en el cuarto que alquilaba y su familia temía que haya sido víctima de las amenazas que recibía para que renuncie a su cargo, en aplicación de la alternancia decidida por algunos dirigentes.
Todos estos casos y otros que serían muy largos de enumerar, tienen denominadores comunes:   la crudeza de las agresiones -que en éstos y otros casos acaba en muerte-, la poca claridad de las circunstancias que los rodean y la facilidad con que las autoridades policiales y judiciales procesan las investigaciones sobre los mismos como simples expresiones de "inseguridad ciudadana”.
Desde el 27 de mayo de 2012, Bolivia cuenta con una Ley de Acoso y Violencia Política contra las Mujeres (Ley 243). Es una ley largamente impulsada  para defender y proteger el ejercicio de la función pública y política de las mujeres, expuesto permanentemente a la discriminación, la intolerancia y los riesgos, que no acaban -como se ve en estos ejemplos- en insultos, amenazas y presiones para alejarlas de sus cargos, sino -frecuentemente- terminan con sus vidas.
Una encuesta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), organización que impulsó esta ley ante la insostenible situación de las mujeres que optan por el ejercicio de cargos políticos, sostiene que más de la mitad de las concejalas en Bolivia dice  sentir algún tipo de acoso y violencia política, pero menos de la mitad la denuncia.  Los datos, que fueron presentados en la entrega de la propuesta de reglamentación para la aplicación de la Ley Nº 243, afirman que el 59% de las concejalas han  sido víctimas de diferentes formas de violencia política y sólo el 28%  se atrevió a denunciarlas.
Las razones son casi obvias: ante un escenario de tan exacerbado patriarcalismo -el mundo del ejercicio de la política es casi por consenso eminentemente masculino- las mujeres que llegan a instancias de representación son sujetas a muchas presiones. Son atractivas a la hora de ingresar en una lista o plataforma electoral, pero resultan incómodas e insoportables a la hora de ejercer el cargo para el que fueron electas. Por ello, las presiones para que renuncien,  cedan sus espacios a suplentes o para callarles la boca cuando su participación o protagonismo excede de lo políticamente correcto o aceptable. Aunque cada vez es  mayor en número, la participación política de la mujer está cada vez más sujeta a la violencia y el acoso: no solamente tienen que luchar para ingresar en el mundo de la política y la función pública, sino para mantenerse en él.
La Ley 243 aprobada hace más de un año no ha cumplido su misión de sancionar a quienes ejercen la violencia  o el acoso con las autoridades y dirigentes mujeres. La propuesta de Acobol de que los procesos sean resueltos en un máximo de 52 días es un paso importante para una norma que -como otras que tienen que ver con la violencia contra las mujeres- no está siendo aplicada.

El que cada mes se registren cuatro o cinco denuncias de acoso o violencia política en el país -especialmente en los gobiernos municipales- no es un tema menor  ni puede ir a engrosar las cifras de la inseguridad ciudadana: se trata, sin más, de una expresión de intolerancia y discriminación contra las mujeres.

La Ley 243 aprobada hace más de un año no ha cumplido su misión de sancionar a quienes ejercen la violencia  o el acoso contra las autoridades  mujeres.

 La presión que se ejerce contra las mujeres que cumplen funciones públicas y políticas  no acaba con las amenazas, sino  termina con sus vidas.

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