Editorial

Nuevos ejemplos de abusos físicos

sábado, 30 de noviembre de 2013 · 20:29

Dos nuevos incidentes se añaden a los innumerables casos de violación a los derechos humanos que se registran en el país de manera creciente y que Página Siete ha mencionado con frecuencia en estos espacios. Por una parte, el interno Elías Apaza, de 21 años, murió en una zona de castigo de la cárcel de San Pedro; según sus familiares, el cuerpo de Apaza mostraba signos evidentes de haber sufrido una golpiza. El otro caso es el del conscripto Javier Huarachi, que sufrió un brutal castigo físico en Cobija supuestamente de parte del comandante de su regimiento, el capitán de navío Rogelio Rojas.
Es probable, como en casi todos los casos en los que militares y policías están involucrados en golpizas y tratos degradantes, que estos nuevos ejemplos de abusos queden sin investigación y, menos aún, castigo.
Recientemente Página Siete comentaba de los por lo menos 28 uniformados que han muerto en los últimos años, producto de golpizas, en recintos militares y policiales, o debido a que son obligados a realizar trabajo físico para el cual no están preparados para hacer (ni deberían ser forzados a cumplir).
Si a ello le suman los permanentes casos de linchamientos y otras formas de abusos físicos, para no hablar de la creciente violencia contra la mujer, existe la sensación de que el respeto en Bolivia a los derechos humanos es cada vez más tenue.
La clave de este asunto es la impunidad. Si los casos de golpizas, torturas y otras formas de abuso físico nunca son sancionados, se genera un espacio cada vez más grande para que estos hechos se sigan produciendo. Hace más de tres años, cuando murió el supuesto delincuente David Olorio en una celda policial producto de las torturas a las que fue sometido por varios policías, el Gobierno prometió que investigaría a los responsables, cosa que no ocurrió. Desde entonces se han multiplicado en el país la violación de los derechos humanos de acusados, reos y conscriptos.
Si la impunidad es un factor para tomar en cuenta, el otro es la desidia de las autoridades del país. Los ministros de Defensa y Gobierno, que supervisan a las FFAA y la Policía, respectivamente, no hacen los esfuerzos suficientes para frenar estos casos. El primero de ellos, por ejemplo, no se ha reunido con el defensor del Pueblo, que le solicitó una reunión para analizar el asunto.
Un país que se dice democrático debe cerciorarse de que los derechos humanos de las personas, los más básicos, como el derecho a la seguridad física, se cumplan. No es el caso, lamentablemente, de nuestro país.

Es probable, como en casi todos los casos en los que militares y policías están involucrados en golpizas, que estos ejemplos queden sin investigación.

 

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