Urupesa urbana

Advertencia pública

Maggy Talavera
lunes, 9 de diciembre de 2013 · 21:48
La decisión de aumentar en 9.243 el número de efectivos en las Fuerzas Armadas sólo puede tener una lectura: es una advertencia pública dirigida desde el Palacio Quemado a los bolivianos, y no a los países vecinos o "imperios” lejanos, como pretende hacernos creer el poder central.
No es exageración ni fantasía deducir que el verdadero mensaje dado por el Gobierno es que la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) se está preparando con todo para asegurar la reelección de su jefe en 2014, por las buenas… o por las malas.
No es algo nuevo, hay que reconocer, ya que el Presidente y sus inmediatos colaboradores han estado dando reiteradas muestras de preocupación y repentino amor por las FFAA.
Habrá que añadir que esas manifestaciones de "amor” y "respeto” desde el Gobierno están siendo correspondidas. Basta revisar lo publicado por la prensa en el último año para comprobarlo: son numerosas las declaraciones hechas, tanto por el Presidente como por las máximas autoridades militares, para verificar que existe entre ambos una relación de privilegiado y curioso afecto que va más allá de lo que establece la Constitución Política del Estado.
Es más, ese afecto hasta osa violar mandatos constitucionales, como ése que reconoce a Bolivia como un Estado pacifista o el otro que prohíbe a las Fuerzas Armadas deliberar y hacer política. Como todo "amor”, sobre todo si es prohibido, dirán muchos.
Digo "amor” con ironía, porque lo que está claro es que entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas no existe una relación amorosa, sino un pacto de conveniencia. Ni más ni menos que lo que hubo antes en los regímenes dictatoriales, una realidad cada vez más difícil de burlar por parte de una cúpula gubernamental, que no deja de sumar evidencias de palabra y hechos.
La más reciente data de apenas unas horas. Palabras más, palabras menos, el Presidente ha dicho que "por culpa” de las organizaciones de derechos humanos, e incluso del defensor del Pueblo, no hay "medalleros” en las FFAA: "Lamento mucho decir (…) pero no puede perjudicar cualquier institución de derechos humanos en la formación física de nuestros soldados”.
¡Vaya herejía! Una de las personas que más provecho sacaron de la defensa de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo (hay que recordarle, tal vez, la gestión de Ana María Romero), y que más críticas hizo al rol de los militares en los golpes de Estado, en la represión a las movilizaciones sociales y en el combate al narcotráfico, sale ahora despotricando contra esos organismos de defensa de los derechos humanos y señalándolos como "culpables” de la pobre y débil formación de los militares.
 ¿Alguien cree aún que esto es casual? Por supuesto que no. No es casual que el Presidente cambie radicalmente de discurso y de amores, como tampoco es casual que decida hacer crecer a las Fuerzas Armadas.
Un absurdo mayúsculo si se considera la paradoja de que el Gobierno, con el sumiso aval de su mayoría parlamentaria, viola una Constitución hecha a su medida para dar curso a una acción incoherente y cara para Bolivia, en todos los sentidos.
Ni el país está en guerra, ni siquiera bajo amenaza de un ataque externo, ni en condiciones de ir por ahí despilfarrando dinero público. Esos 165 millones de bolivianos que el Gobierno pretende aumentar al presupuesto de las Fuerzas Armadas para cubrir el incremento del 31% de sus tropas bien podrían ser destinados para resolver otras carencias apremiantes y que afectan a las mayorías nacionales, sobre todo en salud, educación y vivienda.
Si de verdad el Gobierno central estuviera preocupado por la seguridad de Bolivia y de sus habitantes destinaría ese dinero y esfuerzos a dar soluciones de fondo a la única y real amenaza de muerte que se cierne sobre los bolivianos: la violencia interna, ésa que desatan criminales de toda laya y delincuentes de calle y escritorio.
Pero no, claro. Ésta no es la preocupación real del Gobierno; su única preocupación es asegurarse el poder total y eterno, ya sea a través de las urnas en las que se depositan votos, o de esas otras que acogen muertos. Y para lograrlo necesita de fuerzas… armadas, claro.

Maggy Talavera es periodista y
 directora de Semanario Uno.

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