Irregularidades del Fondo Indígena

Editorial
miércoles, 11 de diciembre de 2013 · 21:49
De los innumerables hechos de corrupción que enfrenta el Gobierno, el que involucra al Fondo Indígena es uno de los más graves. Desde 2010, cuando el Fondo empezó a funcionar, se han desembolsado 503 millones de bolivianos, según una investigación de Página Siete. Y esos recursos, según diferentes denuncias, no han llegado a veces ni siquiera al conocimiento de las comunidades supuestamente beneficiadas, sino que han sido desviados para otros fines o, en el peor de los casos, podrían haber ido a parar a las cuentas  particulares de algunos  dirigentes de las instituciones afiliadas a este ente descentralizado, que funciona con recursos del Estado boliviano.
Concretamente, la investigación de Página Siete señala que de 894 proyectos que el Fondo Indígena   ha financiado (con desembolsos que van del 50% al 100%), sólo uno de ellos ha sido concluido; el resto, pese a haber recibido adelantos financieros, en algunos casos ni siquiera se han iniciado.
Los recursos que ha recibido el Fondo Indígena del Estado deberían estar destinados a  financiar proyectos de desarrollo   a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. Los proyectos se postulan y son asignados por un directorio integrado por la CSUTCB,  Conamaq, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia,   Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, Asamblea del Pueblo Guaraní,  Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y Central de Pueblos  Mojeños de Beni. Sin embargo, como lo demostró la indagación de Página Siete, estos recursos en ningún caso se han destinado a este objetivo, sino a proyectos intangibles, es decir  actividades de "capacitación y fortalecimiento institucional” que difícilmente pueden ser constatadas.  
Con todo, lo verdaderamente preocupante ha sido la reacción que esta información ha causado en las organizaciones que forman parte de esta entidad y en las autoridades nacionales que tienen tuición sobre el mismo.
La primera nota de Página Siete -publicada hace un mes- causó el profundo enojo de dirigentes indígenas, que llegaron incluso a amenazar a la periodista de este medio encargada de la investigación. Lejos de mirar hacia adentro para ver qué podría estar ocurriendo en la institución, los dirigentes o exdirigentes pretendieron esconder el tema con amenazas; incluso a pesar de que la información había sido confirmada por el actual director del Fondo Indígena, quien aceptó la presencia de corrupción en el manejo de estos recursos.
 Ahora, con una nueva entrega de esta investigación, ha sido el propio presidente Evo Morales quien ha pedido a la Contraloría General del Estado que lleve a cabo una investigación de "todos” los proyectos del Fondo.
 El Mandatario pidió  además que los recursos que recibe esta entidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos sean destinados a la ejecución de proyectos productivos, no así a proyectos intangibles (como los que se mencionó).
Al margen de la encomiable respuesta presidencial, resulta preocupante la actitud que asumen dirigentes o autoridades involucrados en hechos de corrupción, como este ejemplo.  En las últimas semanas fue el caso de Luis Cutipa,  exdirector de DIGCOIN, la entidad que debe controlar la coca incautada, a quien se acusó de haber desviado 45.000 toneladas de coca, valuadas en más de 330 millones de dólares. Cutipa fue recientemente dejado en libertad y el fiscal de la causa ni fue a la audiencia.
Otro aspecto para reflexionar es la forma cómo se entregan estas sumas a entidades afines al Ejecutivo, el pobre (o nulo) control sobre las mismas y la inexistente rendición de cuentas.
  La importante alianza política entre el Gobierno y las organizaciones sociales pierde legitimidad cuando suceden estas denuncias y no se advierte un verdadero cambio de timón de parte de las autoridades nacionales para sancionarlas. Son alianzas que hacen más mal que bien a este proceso.

Los recursos que ha recibido el Fondo Indígena  deberían estar
destinados a  
financiar
proyectos de desarrollo,
no programas intangibles.

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