Los conflictos por precios de pasajes

Editorial
viernes, 13 de diciembre de 2013 · 20:53
Como en otras ocasiones en estas páginas, Página Siete reconoce que el tema del aumento de las tarifas del transporte público en La Paz y El Alto es de suma sensibilidad. En una sociedad donde una gran porción de la ciudadanía tiene ingresos básicos limitados, aumentar aunque sea en un bajo porcentaje el costo del  transporte causa dificultades. Por eso es comprensible la renuencia de las alcaldías en autorizar el aumento de los pasajes de buses, minibuses, trufis y otros.
Ésa es una cara de la medalla. La otra es que esas tarifas no han subido en más de una década. Excepto el pan, que también tiene un sistema regulado de precios, todos los otros productos y servicios han subido su precio en una década, obviamente, y en algunos casos en el doble, triple o mucho  más.
Entonces, si es lógica la resistencia de las autoridades municipales en autorizar elevaciones de las tarifas, también es una decisión, finalmente, errada. Lo único que logra es que se vivan permanentes conflictos y tensiones entre pasajeros y choferes, grescas incluidas, y la paralización cada vez más frecuente del servicio. Es lógico y seguirá sucediendo.
Si hace uno, dos o tres años el alcalde de La Paz Luis Revilla hubiera autorizado estas elevaciones, los paceños nos hubiéramos liberado de tanto problema. "Más vale una colorada que cien amarillas”, dice el refrán y se acomoda perfectamente a esta situación.
El alcalde Revilla, que es respetado por la mayoría de la ciudadanía y tiene dotes de comunicador, podría perfectamente argumentar por qué deberían aumentarse los precios: uno, el principal, ningún sector puede tener sus precios congelados por más de una década; dos, los choferes no mejoran sus vehículos porque sus márgenes de ganancia son cada vez menores; tres, muchos transportistas han dejado sus trufis y minibuses para dedicarse a una rama más ventajosa, la de los radiotaxis, afectando así a las personas de menores recursos y beneficiando a las clases altas; cuatro, los choferes utilizan el tramaje (cobrar por tramos), para compensar la baja de sus ingresos, afectando a los usuarios.

Estos problemas persistirán e, inevitablemente, los precios deberán ser ajustados. Es lógico, sucederá. Entonces, hasta desde un punto de vista político, le conviene al alcalde Revilla viabilizar  esas autorizaciones lo antes posible porque si toma esa decisión en 2014 o 2015 se verá afectado notablemente rumbo a su probable reelección. También las juntas vecinales, que son radicalmente opuestas a los transportistas, deben entender esta situación. Por el bien de todos, se debería considerar el reajuste de los precios.

Entonces, si es lógica la resistencia de las autoridades municipales en autorizar elevaciones de las tarifas, también es una decisión, finalmente, errada.

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