Arturo D. Villanueva Imaña

Los males y abusos en la inspección de tránsito

domingo, 15 de diciembre de 2013 · 21:04
Año tras año, la obtención de la roseta de inspección vehicular que proporciona la Policía Boliviana se ha convertido en un vía crucis sujeto a las arbitrariedades, a la corrupción y a los caprichos que deben soportar los ciudadanos que disponen de un vehículo motorizado.
En varias ocasiones se han ejercitado algunas iniciativas para evitar los problemas detectados y, sobre todo, para que la famosa inspección vehicular cumpla el objetivo de certificar y garantizar el buen funcionamiento de los vehículos, de tal manera que ello prevenga y evite, en lo posible, hechos de tránsito y accidentes originados en fallas técnicas. 
Sin embargo, es absolutamente claro que frente a este loable propósito ha prevalecido y se ha impuesto la famosa "astucia criolla”, que no sólo desvirtúa la inspección técnica vehicular, sino que la convierte en un instrumento para la corrupción, el capricho y las arbitrariedades.
Un breve recuento de los efectos perversos que anulan toda virtud que deberían tener las famosas inspecciones de Tránsito nos muestra que:
•Promueven la corrupción y los cobros ilegales porque, aunque se realiza un depósito bancario para evitar abusos y cubrir el supuesto costo del servicio, los conductores o propietarios muchas veces se ven forzados a "coimear” para superar las increíbles "observaciones” inventadas por los policías.
• No certifican ni garantizan el buen funcionamiento de los vehículos, porque basta observar la gran cantidad de   motorizados que circulan por los caminos del país, sin que cumplan los más elementales requisitos (como los de disponer luces delanteras y/o traseras), pero eso sí, con toda seguridad disponen de la roseta de Transito respectiva. 
• Alientan y promueven el malestar ciudadano, la pérdida de tiempo, la vulneración de derechos y el incumplimiento de deberes porque, al margen de provocar largas filas de espera y angustia injustificadas y de sufrir el maltrato y corriente malhumor de los funcionarios, que a la hora de realizar la inspección es muy corriente que "inventen” cualquier tipo de observación que no tiene que ver con la condición técnica del vehículo, terminan rechazando el otorgamiento de la roseta o con el consabido "vuélvase mañana”, sabiendo que no se ha de recibir al supuesto "observado” y tampoco se concluirá el trámite iniciado. 
• En vista de la circulación de innumerables motorizados que cuentan con rosetas, pero no tienen las mínimas condiciones técnicas para hacerlo, y los incontables hechos de tránsito que se deben a fallas mecánicas, que deberían haber sido detectadas en las inspecciones anuales, la obtención de las rosetas sólo sirve para que la Policía de Tránsito reciba fondos para una tarea que no cumple a cabalidad y para que emprenda operativos dirigidos a cobrar multas, cuando no coimas, en razón de no contar con la famosa roseta de inspección. 
• Son trámites discriminatorios y abusivos porque, al margen de efectuar inspecciones preferenciales para gremios de transportistas, que se realizan en sus propias paradas y con brigadas especialmente destinadas a ese efecto, además separan y otorgan días y semanas completas para atender sólo vehículos del transporte público en los lugares de inspección definidos para todo tipo de vehículos. Ello sin mencionar que, al final, se terminan entregando rosetas a vehículos que no tienen las más mínimas condiciones técnicas de transitabilidad.
•Se trata de inspecciones arbitrarias, abusivas y caprichosas porque imponen y realizan observaciones fuera de todo requisito técnico o normativo, con el único afán de promover la coima o rechazar y perjudicar al ciudadano. Es el caso de exigir botiquines que sean, por ejemplo de la Cruz Roja, o que tengan que incluir necesariamente cualquier medicamento que se le ocurra al funcionario policial encargado de la revisión. También puede mencionarse aquella exigencia de que el conductor o propietario saque o quite algún componente del vehículo que no afecta en absoluto su buen funcionamiento técnico, sabiendo que si ese componente fuese prohibido, no sólo debería haber sido causa de multa e infracción de tránsito al circular por cualquier vía, sino que debería ser motivo de decomiso, en caso de representar algún tipo de riesgo para los peatones o la circulación vehicular, según argumentan los policías. 
En fin, la lista quizás no sea completa y ojalá pronto llegue el momento de poner el cascabel al gato, porque es claro que este requisito técnico tan indispensable para contribuir a la prevención de riesgos y accidentes es, en realidad, desde hace muchos años, un factor que facilita todo lo contrario e induce a la corrupción y la arbitrariedad.
 
Arturo D. Villanueva Imaña
 es sociólogo boliviano.

 

 


   

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