Dominante economía informal

jueves, 19 de diciembre de 2013 · 21:29
H.C.F. Mansilla dice que hay dos tipos de códigos en las sociedades latinoamericanas: códigos formales y códigos informales. Estos últimos son acentuados por los gobiernos populistas. La vida social basada en códigos paralelos lleva al conflicto, porque se acentúa la astucia y proliferan los trucos y las artimañas. Es que reina la ambigüedad legal.
Los primeros códigos están dados por el conjunto de leyes, que, se supone, rigen y son de cumplimiento obligatorio en un Estado de Derecho; sin embargo, con los gobiernos populistas son los segundos códigos los que efectivamente norman la conducta de los ciudadanos en sus relaciones sociales.
A largo plazo la situación descrita erosiona la confianza en los códigos formales, debilita la fe del ciudadano en el quehacer estatal y en la administración pública, y perpetúa el poder de los poderosos, quienes se mueven a sus anchas entre los dos códigos. Estas situaciones generan permanente desconfianza. No se difunden ni se aseguran los derechos y garantías ciudadanas, como el derecho a la propiedad privada.
El populismo fomenta la política de las calles de los movimientos sociales. Quien presiona más, quien bloquea mejor, quien marcha mejor obtiene del Gobierno tratos diferenciados, que suponen privilegios con relación a los demás. No hay uniformidad de la ley. La ley es para que cumplan los que no tienen poder colectivo.
Esta realidad descansa sobre una estructura económica que obliga a la informalidad. Según encuestas realizadas durante el año 2010, se calculó que en el país había un total urbano de 664.302 unidades económicas -sin contar el mundo rural-, de las cuales únicamente 2.327 podían ser calificadas de empresas grandes, 38.724 se podían catalogar como pequeñas y medianas empresas y un número abrumador de 623.251 se las calificaba de microempresas. Porcentualmente esta estructura económica indica que sólo el 0,3% de las unidades económicas es grande.
La ley y los códigos formales, como la obligatoriedad de pagar impuestos, cae con toda su fuerza y rigor sobre las empresas, sobre algunas PyME y muy pocas microempresas, que por algún motivo sacaron su NIT en el Servicio  de Impuestos Nacionales. Sobre estos últimos se colocan esos carteles ya tan conocidos: "Clausurado”.
Fundempresa, que es la entidad que formaliza a las unidades económicas, tenía registrado en el país y para el año 2012 únicamente 68.232 inscritas, es decir, el 10% de las indicadas en el párrafo anterior, de las cuales sólo el 2% (1.452) correspondían a sociedades anónimas, lo cual pone en duda el dato anterior que indica que en el país había 2.317 grandes empresas.
¿No sería lógico suponer que para ser gran empresa por definición debería ser sociedad anónima? Y por supuesto debería estar registrada en Fundempresa.
Es tan primitiva la estructura económica boliviana que Fundempresa, que da el certificado de formalidad, tiene registradas como unipersonales al 74%. Estas empresas, por lo general, no generan empleo permanente, sino eventual.
La Confederación de Gremiales de Bolivia se ufana de decir que cuenta con dos millones de integrantes, lo que es lo mismo decir de "informales”. A esto hay que añadir que la rigidez del sistema tributario y dureza en su aplicación contra los formales está cortando las alas a los pequeños emprendedores, que prefieren la informalidad a la burocrática legalidad. En algún momento leí que habría 1.304 "cooperativas” mineras en el país, las que cobijarían a más de 100 mil miembros.
Otro peligro es que entre informalidad y criminalidad hay una frontera muy porosa. "El privilegio estatal no está establecido en los textos legales ni constitucionales, pero tiene entera vigencia en la praxis populista debido a una vieja y sólida tradición”.
Una reciente encuesta realizada llega a una conclusión alarmante: el 94% de las personas consultadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz considera al narcotráfico como un serio problema para el país.
Hace muchos años, un experto colombiano me dijo que en su país se había asentado la droga porque era un Estado débil, -nunca pudo derrotar a las FARC-. El narcotráfico busca lugares donde el "Estado es débil”. Y  Bolivia lo es. En verdad no hay ley. No es un país gobernado por instituciones.
Si no hay creación de empresas en la forma de sociedades anónimas, empresas modernas que contraten a trabajadores asalariados permanentes, el sector informal continuará su imparable expansión. Y en algún momento impondrá sus condiciones al Gobierno, principalmente en materia tributaria y en materia de libre comercio. Es un asunto de tiempo.


Armando Méndez Morales
es miembro de la Academia
Boliviana de Ciencias Económicas

Confidencial

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