El delito de la pornografía infantil

Editorial
domingo, 22 de diciembre de 2013 · 20:49
Como sostuvimos recientemente en un editorial,  la violencia está diseminada en toda la sociedad boliviana. Una de las más graves, sin duda, es la que sufren los niños, niñas y adolescentes. Un informe de la Defensoría del Pueblo afirma que el 83% de ellos sufre violencia en sus propios hogares o escuelas "a través de la práctica del castigo físico, mediante golpes e insultos” que son ejercidos por sus progenitores, sus maestros y su entorno familiar general. Esos niños, niñas y adolescentes representan 1,2 millones de personas.
El dato más terrible, sin embargo, es el de la violencia sexual. Bolivia, dice ese reporte, encabeza penosos listados internacionales. A nivel mundial, afirma la Defensoría, en promedio un 8% de menores de 18 años sufre algún tipo de violencia sexual; en Bolivia el promedio es de 23%. En el mundo, el 20% de las niñas experimenta ese abuso, mientras en Bolivia el promedio es del 34%.
Esta enfermiza manera de tratar a los menores de edad puede verse agravada por la venta, libre, en el país de pornografía infantil. Según demostró una investigación de Página Siete, en varios lugares de La Paz y El Alto el comercio informal exhibe y comercializa estas cintas. Si la pornografía de adultos es tolerable, asumiendo que las actrices y actores trabajan voluntariamente en estas producciones, la infantil es  inaceptable, desde todo punto de vista. Las personas que buscan ese tipo de películas necesitan ayuda psicológica.
Las autoridades de los ministerios de Salud y Justicia, por ejemplo, más representantes de los municipios de La Paz y El Alto y especialistas de la Defensoría del Pueblo deberían iniciar una campaña que tenga tres puntas: uno, anular todo comercio de este material; dos, denunciar internacionalmente a los que originan estas cintas (que se dice son peruanos y estadounidenses, fundamentalmente) para alentar su investigación; y, tres, procurar acercarse a quienes compran estas cintas para intentar su rehabilitación. Sólo mirar los videos puede no ser delito, pero es muy posible que esa persona luego incurra en actos de violencia sexual contra menores.

El Estado es, ante algunas situaciones, excesivamente estricto, persiguiendo a los sospechosos y, por ejemplo, dando rienda suelta a las "detenciones preventivas” que les impiden a los acusados defenderse en libertad. Pero ante otras situaciones, especialmente la que tiene que ver con agresiones sexuales o delitos que atentan contra mujeres, niñas y niños, las autoridades judiciales no actúan con la misma severidad  respecto a otros casos. El gabinete del presidente Evo Morales debe analizar estos temas con detenimiento.

Según una investigación de Página Siete, en varios lugares de La Paz  el comercio informal exhibe y comercializa cintas sexuales que exhiben a menores.

Confidencial

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