Continuidades y rupturas

¿Quién impone a quién?

María Teresa Zegada
miércoles, 25 de diciembre de 2013 · 21:55

Lo sucedido en Cochabamba hace un par de semanas es revelador respecto del rumbo que podrían tomar las relaciones del Estado con la sociedad en un contexto que se torna agudamente corporativista. 
Si algo caracteriza al Estado actual es la permeabilización o dilución de fronteras entre lo político y lo social. Más  concretamente: en la relación que ha construido el MAS  con determinadas organizaciones sociales a base de acuerdos o pactos corporativos, que se sellaron  antes, durante y después  de las elecciones de 2005, y que marcan una relación de  beneficios mutuos entre el Gobierno  y las organizaciones, que se refuerza en el marco de la gestión estatal y los sucesivos eventos electorales.
Esta relación se traduce en la  presencia directa de representantes de  organizaciones sociales, como cocaleros, campesinos, transportistas, cooperativistas mineros y comerciantes, en distintos niveles del Estado, y también en la clara orientación de determinadas políticas públicas a favor de estos sectores, que luego se convierten en apoyo político o la adscripción al proyecto de gobierno.
Esta relación se torna tremendamente crítica cuando hay un desfase entre los intereses o demandas de estos sectores y la incapacidad o, eventualmente, la decisión del Gobierno de no satisfacerlas, derivando en complicados escenarios de conflictividad, en los que el Gobierno,  normalmente, termina cediendo o negociando para mantener la lealtad de los sectores.
Éste no es un fenómeno nuevo en el país. El corporativismo ha acompañado permanentemente la gestión política en la historia, cuando grupos de poder incidían de manera directa o indirecta en los espacios públicos y en las decisiones estatales.
No obstante, ha asumido un énfasis muy particular y abierto durante  la gestión del actual Gobierno por sus propias características y  se ha manifestado muchas veces en el predominio de  las decisiones de las organizaciones, que constituyen el núcleo de apoyo al Gobierno sobre las instituciones democráticas o los representantes políticos  elegidos a nivel nacional y subnacional.
La presencia de organizaciones sociales en las decisiones ha tomado un giro totalmente llamativo en Cochabamba, donde el paro indefinido del autotransporte, demandando la elevación de tarifas de 1,70 a dos  bolivianos, tuvo un primer momento de resolución mediante un acuerdo suscrito entre el gremio del autotransporte y la federación de comerciantes minoristas, que decidieron, al margen de las  autoridades gubernamentales, acordar la elevación de las tarifas y suspender el paro. Es decir, se impuso un acuerdo entre dos sectores gremiales para resolver el problema,  desestimando la presencia de las autoridades locales.
La reacción, tanto de vecinos como de las autoridades, fue inmediata, rechazando la elevación "de facto” de los pasajes, lo cual condujo a un segundo momento de resolución del conflicto que se produjo, esta vez, en una negociación y suscripción de un acta de entendimiento entre el sector del autotransporte y los representantes de  distritos vecinales para mantener la tarifa en 1,70 bolivianos hasta el 10 de enero, conminando al gobierno municipal a presentar un estudio de costos para una solución definitiva.
Todo esto acontecía mientras las autoridades municipales y departamentales mantenían su firme posición de no incrementar las tarifas, controlar el cobro con la fuerza pública y amenazar judicialmente a quienes suscribieron el  acuerdo,  es decir, "imponiendo su autoridad”.

María Teresa Zegada es socióloga

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