La (in)seguridad informática

Editorial
jueves, 26 de diciembre de 2013 · 20:34
Una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital impulsada por Alemania y Brasil fue aprobada por consenso en la Asamblea General de la ONU con el copatrocinio de 50 países hace algunas semanas.
El representante de Alemania, Peter Witing, señaló que por primera vez en el marco de las Naciones Unidas una resolución establece de forma inequívoca que los derechos de las personas son universales y deben ser protegidos tanto fuera de internet como dentro de ella.
También recalca que la vigilancia ilícita o arbitraria y la interceptación de comunicaciones son actos sumamente intrusivos que violan la privacidad y podrían también violar el derecho a la libertad de expresión. Además expresa una  profunda preocupación por los efectos nefastos que distintas formas de vigilancia extraterritorial pueden tener sobre el disfrute de derechos humanos.
Por su parte, el representante de Brasil, Antonio Patriota, afirmó que el amplio apoyo recibido por la resolución es testimonio de la importancia que este tema genera en el mundo entero.
En nuestro país el debate es aún incipiente. Aunque recientemente dos casos muy publicitados -el de la difusión de los videos íntimos de una presentadora de televisión y el  asesinato de una joven alteña contactada por sus victimarios a través de las redes sociales- pusieron en el tapete la necesidad de debatir el tema tanto al interior de la sociedad como en el marco de las normas.  Bolivia recién está despertando a lo que representa el mundo de la seguridad informática, especialmente en lo que hace a la defensa y protección de los derechos de las personas.
Existe un vacío legal sobre los delitos que se cometen en y a través de  internet en el país, y cuando se presentan algunos casos que se someten a la justicia, se aplican leyes vigentes formuladas para delitos tradicionales no así para este tipo de hechos. Como sostiene la abogada en derecho informático Claudia Araujo, "se sanciona la consecuencia del delito, no el delito mismo”.
La Constitución Política del Estado, en el artículo 21, reconoce el derecho a la privacidad pero no especifica cómo actuar en el ámbito informático; el Código Penal determina el delito de manipular datos informáticos para beneficio propio, pero una vez más se sanciona la consecuencia.
Actualmente existe un proyecto de ley que pretende regular el uso de internet en el país, pero el proceso recién se  inicia. Mientras tanto, corresponde trabajar en la educación desde la familia y la escuela, para ir formando una cultura respetuosa de la privacidad propia y ajena; y para ello habrá que empezar cada quien consigo mismo.

Bolivia  está despertando a la seguridad informática, especialmente en lo que hace a la defensa y protección de los derechos de las personas.

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