Equidad y justicia para las personas de la tercera edad

Moira Sandoval
martes, 03 de diciembre de 2013 · 20:48
Presenciar el espectáculo de personas de la tercera edad, que ante la exclusión del beneficio del segundo aguinaldo van marchando en total impotencia y humillación, no es algo fácil de digerir.
Ya son varios días que vemos en el centro de la ciudad a los jubilados caminando bajo el sol, rogando por acceder al "Esfuerzo por Bolivia”.
Con una lógica demoledora ellos  analizan que si cobran un aguinaldo ¿por qué no pueden tener el segundo? Y, además, la necesidad de ese beneficio se justifica en el criterio humano de que requieren aplicarlo en medicinas, en el sustento de sus familiares -que no cuentan con empleo- y en una calidad de vida más digna.
El panorama completo empeora si recordamos las declaraciones del ministro de Economía, que los tildó de improductivos para justificar la discriminación con la cual se omitió a estos ciudadanos.
Y se vuelve grotesco si comparamos las míseras rentas de la mayoría de ellos con las dietas parlamentarias de quienes sí cobrarán el "Esfuerzo por Bolivia” (que sí están contemplados en la visión de productividad que maneja el ministro Arce)
Cuando en noviembre el presidente Evo Morales lanzó un regalo de Navidad anticipado, instaurando el doble aguinaldo a trabajadores del sector público y privado, mediante la promulgación del Decreto Supremo 1802, que comienza su exposición de motivos con la referencia al artículo 316, numeral 7, de  la Constitución Política del Estado como sustento jurídico, lo menos que podría esperarse es que este doble aguinaldo cumpla la "…función del Estado de promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica y erradicar la pobreza…”, cual señala dicha norma superior.
Empero, el pago del "Esfuerzo por Bolivia” violenta el precepto constitucional enunciado en el artículo 316, numeral 7, al no estar destinado a la TOTALIDAD de los ciudadanos bolivianos; y es mayor la discriminación cuando ni siquiera va dirigido a la totalidad de quienes perciben un ingreso mensual y un aguinaldo de las arcas estatales al omitir entregarles este beneficio a los jubilados.
Tanto el ministro de Economía como el viceministro de Pensiones intentaron justificar tan odiosa decisión arguyendo que los recursos que se requerirían para el pago a dicho sector (fuera de los 380 millones de dólares destinados a ese fin) ocasionaría un desbalance en la economía nacional.
Si bien es una medida discrecional y sorpresiva, no contemplada en el Presupuesto General del Estado, pudo haberse diseñado con algo más de creatividad y sentido humano.
Para que estos recursos rindan, se debió realizar con inteligencia  – justamente ésa que está proscrita en el gabinete de gobierno y en la Asamblea Legislativa- estableciendo una escala diferenciada, según el monto de aguinaldo, de modo que alcance al universo de los que cobran mensualmente renta y salario.
 Ejemplo: quienes perciben más de 5.000 bolivianos (jubilados o trabajadores activos) podrían sólo recibir 50% del aguinaldo doble, y quienes ganan menos de ese monto podrían recibir el 100% del doble aguinaldo.  Sencillo, alcanzaría para los jubilados incluidos.
Para una decisión de esa naturaleza no se requiere cálculos diferenciales complicados, ni de un manejo estadístico sofisticado; sólo una matemática simple, aritmética elemental, ésa que incluso los abogados como yo podemos realizar.
Si se pretendía evitar la exclusión social y económica, obviamente este propósito no podrá ser cumplido a cabalidad con el Decreto 1802, pues además de excluir a los jubilados se omitió a toda la población que no cuenta con fuente laboral.
Para esta Navidad yo le pediría a Papá Noel un doble aguinaldo para los jubilados que tienen rentas inferiores a 5.000 bolivianos y un porcentaje menor a quienes perciben por encima de ese monto, pero lo más importante: pediría de regalo navideño una dosis de inteligencia, sentido común y sensibilidad para  nuestros gobernantes y ministros.

Moira Sandoval es abogada.

Confidencial

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