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El carácter discriminatorio del segundo aguinaldo

Fernanda Wanderley
miércoles, 04 de diciembre de 2013 · 20:26
El inesperado anuncio de un segundo aguinaldo generó polémicas alrededor de varios temas: el efecto inflacionario de la medida; el riesgo de quiebra de empresas, principalmente las productivas de pequeño porte; el incentivo a la informalidad, generado por la posibilidad de cambios sorpresivos de las reglas del juego; la motivación política de corto plazo por detrás de la medida y el uso discrecional del excedente de la renta de recursos naturales no renovables.
Sin embargo, un tema transcendental recibió menos atención: la vulneración del artículo 338 de la Constitución Política del Estado (CPE). Veamos cómo este artículo es vulnerado por este decreto.
El segundo aguinaldo es un mecanismo de redistribución del excedente económico para los y las ciudadanos(as) que contribuyen al crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) cuando éste supere el 4,5%. La medida implica la definición de cuáles ciudadanos(as) son los(as)  que aportan a la creación de valor y cuáles ciudadanos(as) son los(as) que no aportan al crecimiento económico a través de su trabajo.
Este decreto establece que los trabajadores remunerados formales del sector público y del sector privado son los ciudadanos que aportan al crecimiento económico de Bolivia. Todos los otros y las otras ciudadanas, según este decreto, no contribuyen a la generación de riqueza; por lo tanto, no son "merecedores(as)” de esta redistribución.
La definición gubernamental sobre quiénes son los(as) ciudadanos(as)  que aportan valor económico al país vulnera el artículo 338 de la CPE, el cual establece: El Estado reconocerá el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.
Con este artículo, la Carta Magna reconoce que el crecimiento económico, medido por el PIB, es resultado, tanto del trabajo remunerado como del trabajo no remunerado que se realiza en la esfera de los hogares. Este último trabajo, pese a no tener un precio establecido en el mercado, genera valor económico.
 Este principio constitucional es un avance importantísimo y se sostiene en las corrientes más modernas de la teoría económica, las cuales demuestran que las actividades cotidianas de reproducción de las familias requieren de la dedicación de tiempo y de esfuerzo físico, emocional y psicológico para agregar valor a productos y servicios que después serán consumidos, como cualquier trabajo remunerado; por lo tanto, estas actividades no remuneradas también constituyen trabajo productivo que genera valor económico y social.  
Si las actividades de cocinar, asear, cuidar, alimentar y sanar a los miembros de la familia no son realizadas en la esfera del hogar, éstas necesitan ser compradas en el mercado o provistas por el Estado; por lo tanto, son trabajos indispensables para la sostenibilidad de la vida humana y de la sociedad.
El decreto mencionado niega el principio constitucional al excluir a las amas de casa y a los jubilados como actores económicos importantes para el país. También excluye al 80% de la población ocupada que no recibe ni un aguinaldo, pese a que contribuye a la generación de riqueza, independientemente de su condición de informalidad.
La desvalorización del aporte económico de gran parte de los y las bolivianas provocó la reacción de sectores sociales, en especial de los jubilados. Frente a la amenaza de una marcha hacia la ciudad de La Paz, el Gobierno acordó un aumento en las rentas de los jubilados del sistema de reparto; sin embargo, este aumento excluye a los jubilados del sistema integral de pensiones, que, actualmente, suman 58.000 adultos mayores.
Esta respuesta no resuelve la inconstitucionalidad de la definición de quiénes son los que aportan valor económico al país.

Fernanda Wanderley es socióloga e  investigadora.

 

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