Avasallamiento de tierras

Editorial
jueves, 5 de diciembre de 2013 · 20:55
La posesión ilegal de tierras  sigue siendo un problema sin resolución. A pesar de las permanentes denuncias y el propósito de frenarlas, la fuerza de quienes los ejecutan es superior.
Aunque recientemente el ministro de Gobierno, Carlos Romero, habló sobre la necesidad de diferenciar entre avasallamientos y asentamientos humanos, con el argumento de que los primeros eran ilegales y los segundos autorizados por el Gobierno en tierras fiscales, lo cierto es que el país está viviendo una crisis de toma de tierras de todo tipo, tanto a nivel urbano (con los frecuentes loteamientos en todo el país) como a nivel rural, con grupos de personas que ocupan grandes extensiones de tierra, frecuentemente ante la tolerancia de las autoridades.
Hace unos días, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Marco Antonio Valverde, denunció que colonias de menonitas continúan con el avasallamiento de tierras en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. El dirigente no precisó el número de asentamientos de menonitas en esos tres departamentos pero, como se ha advertido en las consecutivas veces que se ha hecho referencia a estas colonias, son numerosas.
El vicepresidente Álvaro García Linera adelantó que se está trabajando un borrador de propuesta de ley para penalizar los avasallamientos; asimismo, se conoció que la mencionada ley -que aún no es analizada en la Asamblea Legislativa- prevé clasificar al tráfico de tierras como un delito penal. Según los legisladores, la norma permitirá además agilizar los procesos para poder desalojar o sacar a los avasalladores de tierras productivas. Asimismo, una persona que haya sido involucrada en un acto de avasallamiento no podrá acceder a la tierra que el Estado distribuya más adelante.
Nada más saludable que legislar la práctica abusiva y atentatoria de los avasallamientos y loteamientos. Es bien sabido el daño que causan estos actos y la impunidad que frecuentemente ha primado ante ellos, a pesar de que la Constitución Política del Estado condena los mismos. Sin embargo, en este caso como en otros, cabe esperar que por encima de la discusión y aprobación de la necesitada ley, se advierta la voluntad política para no tolerarlos.
El que el Gobierno aliente asentamientos promovidos por el Estado y condene otros, es algo que crea una poco saludable confusión que alienta los excesos. Si algún tema ha sido delicado en la historia reciente del país es el de la propiedad de la tierra y en ello, cabe admitir que existen deudas históricas, pero también grandes e inescrupulosas violaciones.

Es bien sabido el daño que causan estos actos y la impunidad que frecuentemente ha primado ante ellos, a pesar de que la CPE condena los mismos

 

 


   

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