Ronald Martín - Alarcón

Arbitraje de inversiones, el moderno desafío boliviano

Ronald Martín - Alarcón
martes, 10 de septiembre de 2013 · 21:45
El arbitraje de inversiones, o arbitraje inversionista-Estado, ha dejado de ser una rama del derecho de puro interés académico, convirtiéndose en una verdadera institución del derecho internacional.
A junio de 2013, el CIADI había registrado 433 casos bajo la Convención de Washington. Aproximadamente 65% tuvo como base un tratado bilateral de inversiones y 21% un contrato.
Existe un número indeterminado de casos que se llevaron bajo las reglas del Uncitral  y que se encuentran fuera del ámbito del CIADI.
En los últimos 16 años, el número de causas relativas a inversiones se hizo relevante, pues hasta 1996 sólo habían 38 causas registradas. Fue en 1997 cuando, sólo en un año, se registraron diez causas, cifra que se incrementó a partir de ese momento.
Junto a estos datos se ve un incremento del número de tratados de protección a las inversiones, lo que confirma que el mecanismo del Arbitraje Inversionista-Estado es el más adecuado.   
En este marco, no parece aconsejable que Bolivia pueda o deba estar aislada del contexto internacional de las inversiones, siendo uno de sus grandes desafíos el compatibilizar su propia política interna -fruto de su indiscutible soberanía- con una política respecto a la inversión extranjera directa.  
Bolivia fue el primer país en denunciar ante el CIADI y, dentro de sus previsiones constitucionales,  tiene la obligación de denunciar o renegociar todos los tratados que sean contrarios a la Constitución. El Estado ya denunció algunos tratados, estando pendiente el compromiso de denunciar o renegociar los de protección reciproca a las inversiones que el país hubiera firmado.
Estas previsiones constitucionales son cuestiones de soberanía que son indiscutibles y, por consiguiente, no es posible cuestionar el derecho del Estado de realizarlas.
Lo que sí se puede hacer es relevar el desafío que tiene Bolivia para compatibilizar su política interna, con la necesidad de atraer inversión extranjera directa.
Para ello, el reto del país está en renegociar, más que denunciar, los tratados de protección a las inversiones, a fin de crear un clima apropiado de seguridad jurídica, tanto para inversionistas como para el Estado.
Seguridad jurídica no implica someterse a imposiciones de otros países, pero  requiere un trabajo conjunto entre las diversas reparticiones del Estado para el desarrollo de  una política pública de negociación, cuyo primer paso sea determinar la base de negociación.  Para ello, es aconsejable que se desarrolle un modelo de tratado que use como texto inicial para cualquier negociación.
Este instrumento base de negociación supone determinar de antemano qué es lo que se quiere en inversión, así como cuáles son los parámetros de protección que se quiere o no se quiere otorgar a los inversionistas.
Es en este punto en el que la soberanía del Estado debe pesar y, por tanto, será el propio Estado el que determine los parámetros de protección y foros de solución de controversias que esté dispuesto a aceptar.
El Estado debe ser consciente, sin embargo, de la necesidad de contar con foros imparciales en los que pueda actuar como demandante o demandado y en los que las eventuales partes de un conflicto se sientan cómodas. No parece, entonces, descabellado que sea el mismo Estado el que proponga los foros arbitrales que considere adecuados.
El desafío actual implica ser parte de la comunidad internacional como un actor diligente que actúa propositivamente y con respeto a la propia soberanía, sin descuidar la necesidad de desarrollo económico y proponiendo tratados que acomoden a la realidad del país.


Ronald Martín-Alarcón es socio del Buffet de Abogados Salazar Salazar & Asociados.

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