Minudencias

La institucionalidad destruida

Juan León Cornejo
miércoles, 11 de septiembre de 2013 · 19:59
"Sería un consuelo, para la debilidad nuestra y de nuestras obras, que todas las cosas perecieran con la misma lentitud con que se forman. Sin embargo, decía el filósofo romano Séneca,  el crecimiento es lento, pero el deterioro es rápido”.
   Eso parece ocurrir con la rápida destrucción de la ya precaria institucionalidad en el país,  en aras de un proceso de cambio que parece haberse reducido a enunciados de buenas intenciones. En paralelo, al desmontar estructuras consideradas caducas, el irrespeto de normas y leyes, le pone su sello al proceso y desvela conductas que, paradójicamente, fueron argumento para emprender el camino que se transita hoy.
   Los últimos casos de corrupción dentro de la Policía y la justicia muestran, por insólitos e inéditos, que en el país se está tocando fondo, pero, sobre todo, están reflejando un preocupante cambio de valores. Por mucho que se argumenten principios ideológicos para sustentar el proceso, el diario vivir muestra más bien conductas y acciones diferentes.
   Resulta inaudito, por ejemplo, que altos jefes policiales intercambien sindicaciones mutuas de extorsión y que se amenacen en público, incluso con resolver sus diferencias por vía de la agresión física. No se conoce antecedentes en la historia delincuencial del  mundo, probablemente, de situación semejante.
Además de una ilegal pugna de poder dentro de una institución que se rige por normas jerárquicas, las acusaciones que intercambian sus miembros, con detalles concretos, muestran que los afanes de enriquecimiento fácil e ilícito desplazan principios y valores de vocación y servicio.        
   Cuesta creer que un oficial de la Policía, que se identifica como jefe de una unidad anticorrupción, sea detenido "con las manos en la masa”, pero colma el absurdo que el hecho ocurra en el exterior, donde intentaba extorsionar a un empresario con la promesa de "hacer desaparecer” los cargos que éste tiene pendientes con la justicia boliviana.
   Sin entrar en el mérito de los cargos que enfrenta ese empresario, correctos o no, el insólito hecho tiene una gama de variantes que van de lo ridículo a lo preocupante. En un extremo, la estupidez de alguien que con formación profesional específica pretenda extorsionar  a una persona que, además de sindicaciones por delitos penales que pueda tener, enfrenta sobre todo problemas políticos. Una potencial víctima, en esa situación, no tiene nada que ganar pagándole a alguien para que le lave el expediente, si es que existe.
    En el otro extremo del abanico, el hecho de que ese alguien sea policía y ofrezca, con algún fundamento seguramente, limpiar la probable foja de antecedentes de un personaje conocido por su condición de empresario. Preocupante, porque de ser cierto estaría probando otra vez la fragilidad, la dependencia y el nivel de corrupción del sistema judicial. Los antecedentes de extorsión en otros casos abonan esa posibilidad, lamentablemente. De la misma manera que los vínculos no sanos, muchas veces, entre el accionar de la Policía y la justicia.
    Los afanes de extorsión, por graves que sean, tienen también otro ángulo. El caso de presunto terrorismo, que sirvió para descabezar a toda la oposición política en Santa Cruz, por ejemplo, está naufragando por un aparente contubernio entre policías y fiscales. Según las declaraciones del húngaro Elod Toaso,  Michael Dwyer fue capturado con vida y ejecutado en el aeropuerto de Santa Cruz.  Según la Fiscalía, murió en un hotel, en enfrentamiento con la Policía. Con los antecedentes que se conoce, cuesta darle crédito a la versión  de la Fiscalía, porque cuesta creer lo que dice la Policía,  y viceversa.
    Pero el tema tiene algo más. En tiempos en que nos llenamos la boca alegando soberanía y dignidad nacionales, los casos de corrupción se descubren y  se están ahora ventilando fuera de fronteras.
 El  FBI norteamericano apresó ya a un excomandante por narcotráfico y a un mayor por extorsionador, y el senador Roger Pinto anunció que entregará a las autoridades brasileñas documentación de seis denuncias de corrupción contra autoridades bolivianas. Mientras, los parientes de Dwyer buscan justicia en tribunales internacionales, igual que los de Toaso. El asunto es que, hasta ahora, en el país sólo se conoce la cáscara y no el contenido de esos casos.
    En esas condiciones, la situación de inseguridad ciudadana es algo más que una simple sensación. Y refuerza las crecientes dudas de la gente sobre los dos órganos encargados de garantizarla, por encima de diferencias políticas, económicas o sociales.
El análisis de lo que ocurre tendría que pasar, tal vez, por ponerle remedio a la destrucción de estructuras que soportaban a la Policía, restituyendo el respeto de su estructura institucional y garantizando independencia al órgano judicial, por encima de los antecedentes de jueces elegidos por voto popular.
    
Juan León Cornejo es periodista

Confidencial

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