Las rutas del censo

Nelson Antequera Durán
domingo, 15 de septiembre de 2013 · 20:16
El paro cívico protagonizado por las juntas vecinales del municipio de La Paz el pasado miércoles 11 de septiembre ha desvelado no sólo la inconformidad de la población ante los resultados del censo 2012, sino también la grave crisis que sufre la administración pública en nuestro país.
La complejidad del problema tiene dos vertientes: el cuestionamiento a los datos del censo y la vigencia de un mecanismo de distribución de los pocos recursos que llegan a los gobiernos locales basado en una lógica del simple dato poblacional.
Revisemos ambos frentes de discusión para marcar algunas posibles rutas del censo.
El  Decreto Supremo 1672 en el que se establece el nuevo factor de distribución para la "asignación de recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente” para la gestión 2014 se sustenta en la Resolución Administrativa DGE/078/2013 emitida por el INE, en la que aprueba la publicación de resultados del censo 2012. Sin embargo, no se publican los anexos a los que hace referencia y solamente encontramos los datos de población por municipios en el anexo del Decreto 1672.
Los datos parciales publicados por el INE han sembrado dudas y desconfianza. El municipio de La Paz ha disminuido su población, según estos datos, en casi 30.000 habitantes. La población indígena también ha sufrido una drástica disminución, para dar dos ejemplos relevantes.
El Gobierno insiste en que los datos del censo son fiables, pero a más de un mes de emitida la autorización para publicar los datos del censo, todavía no se cuenta con éstos. El cuestionamiento a los datos del censo se ve ratificado por el mismo silencio del INE y la renuncia de su director general en medio de la polémica.
¿Cuál debería ser la ruta del censo en esta situación? El nuevo director del INE deberá fijar un plazo para la publicación de la totalidad de los datos del censo con los que se podrá analizar y discutir técnicamente (y no sólo políticamente) su  validez y veracidad.
Mientras tanto, considero que para la gestión 2014 se deben seguir usando los datos del censo 2001 en lo que respecta al factor de distribución para la asignación de recursos a los municipios. El Decreto 1672 y la resolución administrativa del INE en la que se sustenta hasta el momento no tienen ningún asidero técnico (por lo menos éste no es accesible) y, por tanto, el factor de distribución que se consigna en éste es inaceptable.
El segundo punto es la lógica del factor de distribución, basado en el criterio simple de población. Este criterio heredado de la Ley de Participación Popular no ha sido en lo absoluto cuestionado por los brillantes ideólogos del cambio. Los resultados del cuestionado censo muestran que los municipios de ciudades capitales y El Alto recibirán más del 50% de la torta y que áreas rurales apenas recibirán las migajas que caen de la mesa.
Una de las formas de "resistencia” a esta lógica (ilógica) de redistribución de los recursos ha sido la convocatoria a los "residentes” a empadronarse en sus comunidades de origen para inflar de alguna manera los datos demográficos. Esta estrategia no hace otra cosa que consentir la lógica perversa e irracional del criterio de distribución "proporcional” de los recursos, además de distorsionar los datos censales.
El Decreto 1672 nos muestra que no se ha trabajado en lo absoluto en pensar (aunque esto sea un atrevimiento) otros mecanismos de redistribución basados, por ejemplo, en índices de necesidades básicas insatisfechas, la doble residencia, incidencia de la pobreza, etcétera.
¿Qué ruta debe seguir el censo? Nuevamente, debe quedar sin efecto el mencionado decreto hasta que no se proponga una alternativa técnicamente razonable y políticamente viable para la elaboración de un nuevo factor de distribución. Nunca es tarde.

Nelson Antequera Durán es doctor en antropología

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