Editorial

Acciones de hecho y violación a la ley

martes, 17 de septiembre de 2013 · 20:00
El país ha tenido siempre un Estado débil y, por tanto, una frágil institucionalidad. Ello alienta, y luego agrava, el hecho de que diversos sectores corporativos de la sociedad boliviana hagan uso de acciones de facto, eludiendo los pasos legales e institucionales. El ejemplo típico es el de aquel colegio que necesita mejorar su infraestructura: en vez de realizar el largo (y quizás inefectivo) trámite ante las autoridades del sector, sus alumnos y profesores se organizan y bloquean una calle o avenida principal de una ciudad. Es casi seguro que las autoridades, para resolver el conflicto, se apresurarán a negociar.
Esto ha generado un círculo vicioso. También, por otra parte, la ha extendido a acciones que están fuera de las demandas que podríamos llamar "lícitas” (como mejorar las aulas de una escuela). Ahora el sistema de actuar de facto sirve para acciones ilegales como tomar minas privadas, invadir terrenos privados, tomar parcelas, sustraer ganado, etcétera. Decimos que el Estado boliviano siempre fue débil pero ahora, por motivaciones políticas, lo es aún más. El Gobierno, que debería controlar estas acciones, no lo hace para evitar conflictos con sectores que potencialmente lo apoyan. Las tomas de yacimientos por parte de cooperativistas son los casos más nítidos en este sentido. Esos cooperativistas no sólo no son castigados sino que incluso son premiados: las autoridades legalizan su toma a través de contratos con el Estado.
Un ejemplo dramático de esta situación se vive desde hace años en Tiquipaya, donde las autoridades municipales buscan, mediante ardides legales o, directamente, la fuerza, tomar un terreno de 47 hectáreas que pertenece a la empresa CONSARQ. Los propietarios del predio han evitado el abuso mediante una persistente acción judicial, que (hasta ahora) ha dado resultados.
En los últimos días, sin embargo, la situación se ha agravado, incluso al punto de que el alcalde de la localidad utilizó una radio de Cochabamba para llamar a los vecinos del municipio a tomar dicho terreno. Éstos, durante dos jornadas, trataron de destruir su barda perimetral, utilizando incluso cachorros de dinamita y bombas molotov. La empresa propietaria del predio ha acusado ante la justicia a los dirigentes Saúl Cruz, Celestino Zambrana y Víctor Camacho como instigadores del hecho.

A diferencia del pasado, sin embargo, esta vez la Policía actuó con firmeza  y detuvo a 20 personas acusadas de daño a la propiedad pública y de agresión a uniformados. Ahora, un fiscal ve el caso. El Gobierno debería utilizar esta oportunidad para hacer prevalecer la ley.

Un ejemplo  se vive hace meses en Tiquipaya, donde las autoridades municipales buscan, mediante la fuerza, tomar un terreno privado de 47 hectáreas.

Confidencial

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