Desde la acera de enfrente

Bolivia: Estado proxeneta

María Galindo
martes, 17 de septiembre de 2013 · 20:04
Escribo estas líneas en defensa de aquella mujer en situación de prostitución a la que se le diagnosticó el VIH y que fue mandada recluir por una jueza en nombre de la salud pública. Si una mujer en situación de prostitución se contagia VIH, gonorrea o cualquier otra enfermedad lo hace a través de un "cliente”, o sea de un prostituyente que se ha negado a usar condón. Pero mientras ese prostituyente no es identificado por el servicio de salud, ni obligado a convertirse en célibe ni recluido ni señalado ni apartado judicialmente porque no está vigilado, ella, la mujer en situación de prostitución, sí. Ella está vigilada y sometida a un control estatal de su vagina. Un control que no tiene como objetivo el cuidado de su salud, sino el uso de ese control policiaco para cuidar la salud del prostituyente.
¿Por qué no se exige al prostituyente un carnet sanitario que demuestre que no es un foco de contagio, pero sí a la mujer en situación de prostitución? ¿Por qué él está protegido por el Estado y ella está considerada por el  propio Estado como una mercancía? ¿Por qué se usa el carnet sanitario y el control de salud en un escenario judicial, y no en un escenario de hospitalización? La salud de las mujeres en situación de prostitución no  importa, lo que importa es proteger al prostituyente de cualquier contagio. Por eso el Estado, a través del SEDES a escala nacional, realiza controles semanales de ellas, registros que sirven para quitarles los hijos, para vigilarlas y perseguirlas, y no como atención médica.
Se les extiende un carnet, que no es otra cosa que un carnet de puta con foto; con número de carnet y nombre real que ellas deben llevar consigo y que la Policía, el SEDES o los gobiernos municipales se atreven a exigirles a riesgo de arrestarlas cuando y donde se les ocurre. Se les exige el carnet también para extorsionarlas, para obtener sexo gratis, para humillarlas.
Lo que ha sucedido con la compañera de Sucre es que el SEDES la ha identificado y la ha denunciado ante la jueza. En un país donde nadie que sufre una injusticia goza de la aplicación rápida de la ley, la mujer en situación de prostitución ha sido identificada, sus registros han funcionado incluso por encima de los límites departamentales, ha sido denunciada y detenida por estar enferma. Es espeluznante la eficiencia -entre comillas- en la identificación, persecución y reclusión de esta compañera. Una mujer a la que el Estado no le ofrece trabajo ni tratamiento de salud ni respeto a sus derechos humanos, sino que, además de quitarle lo último que le queda y de humillarla, la recluye con vigilancia policial para cuidar la salud del prostituyente.
El prostituyente es el hombre, el juez, el policía, el diputado, el carpintero, el chofer, el minero, el panadero, el médico; todos los hombres son prostituyentes porque todos han hecho del consumo de prostitución un valor masculino universal. El Estado los protege y los socapa, y por eso es un Estado proxeneta.  Sé que he compartido estos conceptos muchas veces, pero hoy, bajo la sombra de la tragedia de una potosina de 25 años enferma con VIH y acusada por atentar contra la salud pública, estas palabras adquieren otra dimensión.
La organización que supuestamente la protege  sólo ha atinado a pedir que no se generalice una persecución contra ellas porque no "todas están enfermas”, en lugar de exigir el dejar de ser vaginas caminando. Exigir la suspensión inmediata de ese carnet por ser violatorio contra los derechos constitucionales y por ser un carnet de puta, que es de antemano una forma de discriminación.
Exigir ser atendidas no en un centro epidemiológico de control junto a los perros, sino ser atendidas en los hospitales municipales junto a toda la población y que la atención en salud cubra todas sus necesidades de salud y no sus vaginas. Exigir que sus datos como los de cualquiera sean de uso estrictamente personal y, por último, exigir un carnet sanitario para todo prostituyente, que tenga que exhibir un certificado de salud mediante el que nos asegure que está sano y que no será un foco de contagio; carnet que, dicho sea de paso, puede resultar además útil para esa esposa monógama que se contagia de VIH en el lecho matrimonial.
 
María Galindo

es miembro de Mujeres Creando.

Un carnet que  no tiene como objetivo el cuidado de su salud, sino el uso de ese control policiaco para cuidar la salud del prostituyente.

Confidencial

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