Reversiones sin indemnizaciones

sábado, 21 de septiembre de 2013 · 19:22

No es del todo equivocado el objetivo de la ley que acaba de promulgar el presidente Evo Morales tendente a revertir al Estado los yacimientos mineros que estén fuera de operaciones. Según la Constitución, esos yacimientos le pertenecen al Estado y, por tanto, en caso de estar ociosos, pueden ser revertidos.
La norma revertirá al Estado aproximadamente el 70% de las áreas mineras privadas que se consideren "ociosas”, sin mediar resarcimientos a los concesionarios. La ley permitirá que el Estado confisque unas 1.700 de 2.454 concesiones mineras en manos de  privados. La superficie total en manos de particulares es de 1,4 millones de hectáreas, dijeron las autoridades, y la extensión revertida será de aproximadamente un millón.
El Ministerio de Minería informó que el plazo para aprobar el decreto reglamentario de la ley es de 180 días. Posterior a la aprobación de ese reglamento, la requisa de las minas se hará en un plazo máximo de cuatro meses. La medida puso fin a la norma anterior que establecía que el yacimiento minero concedido por el Estado era un bien inmueble vendible, heredable o para alquilar.
El problema es cómo se realiza esa reversión. En muchos casos puede ser que los empresarios que tenían las concesiones efectivamente no deseaban invertir y, por lo tanto, podría implicar un perjuicio si es que otro agente económico estuviera interesado en hacerlo. Pero lo que sucede es que la ley promulgada por el Presidente no prevé hacer un estudio caso por caso. Muchas de las concesiones hoy ociosas lo están por varias razones, además del posible desinterés empresarial: que los precios de determinados minerales estén muy bajos (y, por tanto, hacen inviable las operaciones), mal clima para las inversiones (con amenazas permanentes de invasiones por parte de cooperativistas y comunarios) o minas que estén, directamente, tomadas.
En un país con un Estado débil como el boliviano, y con un Gobierno que defiende, por razones políticas, los intereses de los cooperativistas, el tema de las minas avasalladas se está convirtiendo en una grave violación a la ley: se cree que en los últimos nueve años unas 300 minas han sido  asaltadas y tomadas ilegalmente como producto del aumento de los precios de ciertos metales. Hoy la mayoría opera bajo control de cooperativistas.
La poca afinidad que tiene el Presidente ante la actividad privada se refleja en algunas de  sus actitudes y decisiones, y ésta es una más de ellas. Para el Presidente, un empresario es aquel que busca "aprovecharse” de un bien concedido por el Estado. Lo extraño en esta mentalidad es que no se considere así a   los cooperativistas, que están en una situación aun más criticable. Para el Presidente y su gobierno un empresario minero es poco menos que un enemigo, mientras los cooperativistas (que son también empresarios pero que no cumplen la ley laboral y no pagan impuestos) son un sector al que hay que aplaudir y alentar. No es mera contradicción del Jefe de Estado, es también un cálculo político: los cooperativistas le dan, como dijimos líneas arriba, un apoyo político invaluable.
Allí se detecta una tercera contradicción al respecto: por una parte el Gobierno alienta la participación del Estado en la economía,  pero, en el tema minero, defiende los intereses de los cooperativistas (que son privados que no cumplen la ley) en vez de a Comibol, la empresa minera pública. Es también criticable que la ley prevea que no se paguen concesiones por la requisa de estas concesiones.
Quienes eran propietarios de las mismas las habían comprado o alquilado (o heredado); merecen, por tanto, ser recompensados. Cualquier empresario puede haber pagado un monto por hacerse cargo de un yacimiento determinado,  pero, al ver que los precios del mineral específico estaban bajos para iniciar las operaciones, prefirió esperar. Ello ocurre en todos los sectores de la economía y es aconsejable que no se actúe por motivaciones ideológicas sino respetando la seguridad jurídica que debe asistir a todo empresario.

La ley de minas, recientemente aprobada, permitirá que el Estado confisque unas 1.700 de 2.454 concesiones mineras detentadas por privados.

 

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