Chaparina, dos años después

Editorial
miércoles, 25 de septiembre de 2013 · 20:29
  Chaparina es un recóndito paraje en medio de la carretera que une San Borja y Yucumo; un lugar de grandes pastizales, donde la actividad fundamental es la cría de ganado. Sin embargo, desde el 25 de septiembre de 2011 no volvió a ser la misma: Chaparina, ahora, es nombrada y recordada como el lugar donde se intervino la marcha indígena pacífica que se oponía a la construcción de una carretera en el corazón del TIPNIS, una dolorosa expresión de violencia estatal.
A dos años, Chaparina no ha curado sus heridas, como tampoco lo hicieron las dirigencias y grupos indígenas que fueron duramente reprimidos. Y las heridas no se han curado, porque las razones que las causaron no son, hasta ahora, ni aclaradas ni superadas.
El proceso de investigación iniciado para establecer los responsables de la intervención policial no ha llegado aún a nada. Persiste una confusa controversia que lo único que ha conseguido es demorar los plazos y dejar al caso sumido en la incertidumbre: ante el deslinde de responsabilidades de las principales autoridades de Gobierno, el actual fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Ponce, liberó de culpa al principal responsable de la decisión gubernamental de intervenir y reprimir la marcha, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti (actualmente embajador de Bolivia ante Naciones Unidas).
A pesar de las pruebas presentadas, la exautoridad argumentó que se "rompió la cadena de mando”, por lo que fue, inicialmente, liberado de culpa. Empero, la resolución fue objetada por las organizaciones indígenas y la población en general, lo que dio lugar a que se retome la acusación. Con todo, hace un año que nadie se pronuncia.
Aquí radica, especialmente, la causa de la indignación ciudadana: optar por el silencio o la retardación de las respuestas es, cuando menos, una expresión de indolencia de parte del Gobierno, que aporta muy poco a la convivencia democrática. Precisamente porque se trata de un Gobierno que defiende los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, este caso -particularmente sensible en ambos ámbitos- debiera haber sido esclarecido y sus responsables sometidos al debido proceso.

Es cierto que la justicia tiene sus plazos -y en Bolivia son más largos-, pero la democracia tiene   requisitos y uno de ellos es la obligación que tienen sus representantes de dar explicaciones sobre sus actos, sobre todo si éstos atentan contra los derechos de las personas. Dos años es poco tiempo para curar las heridas causadas en Chaparina, pero mucho para, además, sazonarlas con la indiferencia.

A dos años de la intervención, optar por el silencio o la retardación de las respuestas es cuando menos una expresión de indolencia de parte del Gobierno.

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