Avasallamiento gubernamental de los territorios indígenas

José Luis Saavedra
viernes, 3 de enero de 2014 · 21:20
El propósito del presente artículo es demostrar que el gobierno del presidente Evo flexibiliza, en realidad neoliberaliza, cada vez más su política energética, devaluando la misma nacionalización de las empresas petroleras que, ciertamente, nunca pasó de una simple compra de acciones y consiguiente modificación de contratos.
Inicialmente, la necesidad de "acelerar las inversiones” en exploración e industrialización de los hidrocarburos que el Gobierno dejó sentado (lo dijo el vicepresidente García Linera el 23 de mayo pasado en el acto inaugural del III Congreso de Gas y Petróleo en Santa Cruz) demostró que éste está dispuesto a ingresar, es decir, a avasallar y violentar parques nacionales y áreas protegidas, sin que importe en modo alguno su calidad de reserva biológica ni la riqueza de la biodiversidad, mucho menos los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas que las habitan, para buscar gas y petróleo.
Es pues obvio que al Gobierno no le interesa el daño, el perjuicio, la contaminación y el deterioro ambiental que dejan las exploraciones de hidrocarburos. Explorar significa perforar y, por consiguiente, liberar líquidos contaminantes.
El vicepresidente Linera dijo, además, que se alista un decreto que incluye la devolución (nada menos que la devolución y consiguiente restitución) de recursos económicos, en muy corto plazo, a las compañías petroleras, es decir a las empresas capitalistas transnacionales (corporaciones de la dominación imperialista) que realicen actividades exploratorias en el marco de futuros contratos.
El objetivo -indicó- es ejecutar una rápida "recuperación” de la inversión en exploración. Los fomentos serán obviamente monetarios y además se agilizarán, es decir que se aligerarán los trámites para las licencias ambientales, que -según Linera- son los actuales obstáculos.
No olvidemos que el actual proyecto de la nueva ley minera elude y en realidad anula (flagrantemente) la consulta previa a las comunidades indígenas en la fase de prospección y exploración de operaciones mineras.
Linera enfatizó que hay vastas zonas con potencial exploratorio que fueron declaradas como parques naturales por anteriores gobiernos (neoliberales), supuestamente por influencia de potencias extranjeras "interesadas” (¿entre ellas Irán o Rusia?) en impedir que esos recursos sean explotados por el Gobierno.
¿Así que la defensa de los derechos territoriales y la misma lucha de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios son simples derivados del interés imperialista?
Linera prometió, además, que el gobierno del MAS hará todo lo que sea necesario para ingresar a las aéreas naturales o "parques” nacionales, es decir a los territorios indígenas, con el objetivo de explotar la riqueza petrolera.
Aquí se podría alegar un montón de argumentos para demostrar el carácter depredador de las políticas radicalmente extractivistas del Gobierno, pero, por razones de espacio, vamos a limitarnos a referir las lúcidas percepciones de Karina Aranda, quien advierte las graves consecuencias emergentes de las políticas de exploración y explotación de los hidrocarburos:
"Las consecuencias para el medio ambiente son catastróficas y van desde la generación de residuos orgánicos e inorgánicos peligrosos hasta la contaminación hídrica y atmosférica, pasando por la pérdida de biodiversidad, la afectación de ecosistemas terrestres y acuáticos, y la erosión del suelo. En el ámbito social el panorama es aún más desolador, ya que buena parte de las áreas protegidas se sobreponen con territorios indígenas, repartidos en regiones amazónicas, boscosas y chaqueñas. Los grupos étnicos que las habitan viven en estrecha relación con su entorno, manteniendo sus costumbres y consumiendo lo necesario para su subsistencia. La implementación de actividades exploratorias en sus territorios no sólo significaría la contaminación paulatina del medio en el que viven (lo que a la postre los condenaría a la extinción), sino también la deforestación de su territorio y la penetración e invasión de colonos, que aprovecharían las brechas abiertas por las labores sísmicas”.
Es por ésta y por muchas otras razones que las organizaciones y líderes indígenas critican el doble discurso del Gobierno y del propio Linera, cuyo indigenismo (no indianismo) es pues absolutamente funcional al sistema de la economía moderno colonial y capitalista, que si bien habla (sólo habla) de la Madre Tierra y/o del vivir bien, no duda en avasallar, atropellar y violar los territorios indígenas para favorecer y beneficiar a las grandes empresas transnacionales: mineras y petroleras.
 

José Luis Saavedra  es docente en la Universidad Mayor de San Andrés.

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