Apertura del año judicial

Wilfredo Chávez Serrano
domingo, 5 de enero de 2014 · 20:06
Cumpliendo el mandato del artículo 122 de la Ley de Órgano Judicial, se previó el acto para el informe que debe brindarse por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En esta gestión 2014  se conoció que se realizará un acto conjunto entre el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público.
En estos actos, el mensaje central debe ser transmitido por el Órgano Judicial al pueblo boliviano, para dar a conocer los más importantes avances del sistema judicial, así como las necesidades y requerimientos para implementar el acceso a la justicia como una constante y básica misión de dicho  órgano.
El Órgano Judicial fue diseñado y creado en esencia para, aplicando el derecho,  equilibrar el uso del poder y evitar el abuso del Estado hacia los particulares. El Estado no siempre tiene la razón ni menos los jueces deben fallar ciegamente a su favor, pues aquello implicaría que de hecho se cierren los tribunales y rija la ley sin tribunales, bajo el arbitrio abusivo del déspota de turno.
A lo largo de la historia este importante acto tuvo connotaciones de diversa índole, empero cabe indicar que uno de los temas centrales, reiterados y cansino, fue y es la autonomía económica del Órgano Judicial, como base de su real independencia. Veamos.
En la sesión de honor de la Corte Suprema de Justicia del año 1927, con ocasión de celebrar  el primer centenario de instalación del máximo tribunal de justicia, el presidente del Honorable Congreso Nacional,  Román Paz, afirmaba: "Bien sabido es que la estabilidad económica  apareja la independencia de toda función oficial, así como de las actividades privadas, se comprende fácilmente lo imperioso de asegurarla para el Poder Judicial. La sujeción económica de este poder al Ejecutivo  es contraria al principio constitucional de la igualdad e independencia de los poderes públicos … No se concibe la independencia de un poder, con semejante supeditación a otro… Nada más legítimo por lo tanto, que el Poder Judicial… decrete sus presupuestos al igual que los poderes Legislativo y Ejecutivo”.
Han pasado 86 años de aquel célebre discurso, y cerca de 187 de la instalación de la Corte Suprema; empero, aunque se ha aprobado la primera Constitución democrática de Bolivia el 25 de enero de 2009, el precepto constitucional de independencia previsto en el artículo 12 de la Constitución no ve aún la hora de su implementación y que, por tanto contemos  con una Constitución real.
El último importante avance real se dio hace cerca de 50 años, cuando, a través del Decreto Ley 7180 de 23 de mayo de 1965, se reconoció la autonomía económica del entonces Poder Judicial. Desde esa lejana fecha, a la hora de la verdad se discute el presupuesto y, por tanto, el interés que tiene el Estado en la justicia con funcionarios de niveles inferiores.  Dice una máxima de la administración: Si quieres saber cuáles son las prioridades del un Gobierno, ve su presupuesto. En nuestro caso, pese a que desde hace años atrás ya se conformó un Plan Sectorial del Sector Justicia, dicho plan no tiene eco ni, por tanto, los resultados esperados.
En los últimos meses se han centrado las críticas en los resultados que se espera del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público;  pero, haciendo abstracción de las actuales autoridades, si somos francos con la realidad, con las entidades que componen el sistema judicial, se deberá reconocer sus limitaciones y la poca voluntad política para resolver su situación.
Lenin decía que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Actúa. Por ello, si somos consecuentes con que se vive un proceso revolucionario, debería empezarse revolucionando la tragedia que implica administrar la pobreza de las arcas judiciales y, por tanto, un servicio público apropiado para quienes confían sus causas en dicho sistema.
Por ello, si se cree que la justicia es una lágrima, el problema es de todos, y particularmente de las autoridades concernidas en la toma de decisiones políticas de fondo. La solución no es ni puede ser el encarcelar a jueces y fiscales, engordando el Código Penal con una tendencia más que peligrosa al derecho penal del enemigo, sino en darles de efectivas condiciones de trabajo, lo mismo que a los investigadores de la Policía Boliviana, abogados de la defensa pública y otras entidades cuya pobreza habla por sí misma.
Finalmente, recordemos que el sistema judicial cuenta desde ya hace varias gestiones con el Plan Sectorial para el Sector Justicia, lo que falta es su implementación, que sólo podrá darse cuando las máximas autoridades del Órgano Judicial y del sistema de impartimento de justicia declinen los aires feudales que imperan en sus oficinas y se adscriban a ponerle todos el hombro y la vida a este fin tan noble: la justicia.
 Hablan los resultados, no discursos grandilocuentes que sólo sirven para el ocasional aplauso. Acciones sencillas que están en manos de las nombradas autoridades del sistema judicial, tales como la de compartir los sistemas informáticos para cruzar las fecha y horas de audiencias en materia penal, impedirían que se suspendan tantas audiencias por día por ausencia de fiscales y, además, servirían como un test que mida responsabilidades reales de la retardación de justicia. Acciones como que el juez cautelar pueda señalar el periodo máximo de duración de la etapa de investigación y no esperar a los célebres seis meses, para que unos días antes el fiscal impute a alguien más y el proceso automáticamente se estire seis meses más. Acciones como que por la página web de dichos órganos se sepa en el día qué  pasa con las causas. Con sólo esto se puede decir que la justicia tiene algo que darle al país.
Sólo queda augurar éxito, nada más que ello y que estas reflexiones sirvan para avanzar en este proceso de darle credibilidad al sistema judicial. Sea para bien de este año judicial que se inicia hoy.

Wilfredo Chávez Serrano es abogado y exasesor de la sala plena y sala penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, y exsecretario general de la
 Fiscalía General de la República.

 

 


   

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