Editorial

Ley minera, un conflicto desbocado

sábado, 05 de abril de 2014 · 18:25

En el conflicto entre el Gobierno y el sector de mineros cooperativistas  es probable que  el Ejecutivo  esté sufriendo el efecto de sus propias acciones.
Los mineros cooperativizados representan  uno de los sectores sociales más poderosos del país, pues han sido fortalecidos durante los últimos años por el propio Gobierno, que -para lograr beneficios políticos y electorales- les ha dado un trato privilegiado y no pocas veces abiertamente prebendal. En numerosas ocasiones, el presidente Evo Morales, además de ministros y otras autoridades, ha dado muestras de su predilección por este sector, curiosamente beneficiado en detrimento de los mineros asalariados, es decir pertenecientes al Estado. Para un Gobierno que en teoría es defensor de la economía estatal es una contradicción defender al sector privado minero más desregulado, como el de los cooperativistas.
 La ley minera, que debería haber sido aprobada sin modificaciones hace algunos días, después de un largo periodo de negociación y concertación con las principales autoridades del Ejecutivo, no "pasó” la prueba en la Asamblea Legislativa. El artículo 151 de la mencionada ley, que otorgaba a las cooperativas la facultad de firmar contratos con otros operadores mineros,  fue rechazado por la Cámara de Diputados  debido a su inconstitucionalidad y porque sólo el Estado tiene esa facultad. De esa manera se rompió el consenso   que había sobre la futura norma entre los actores mineros.
 El  ministro de Minería, Mario Virreira, advirtió de que esa redacción contradecía el parágrafo II del artículo 351 de la Constitución, que dice que "el Estado podrá suscribir contratos de asociación de economía mixta con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras para el aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.
Roto el consenso, el sector anunció medidas de presión, y procedió al bloqueo de carreteras en al menos cinco puntos estratégicos del país. En el primer día, un enfrentamiento con la Policía dejó un saldo de dos mineros muertos y un centenar de policías heridos. El bloqueo -que duró cinco días- ocasionó, además de cuantiosos daños económicos, la muerte de un ciudadano que se encontraba varado en uno de los puntos de bloqueo.
El conflicto, sin embargo, tiene muchas aristas, además de las mencionadas. Por un lado, es inaudito que un proyecto de ley se formule con un artículo claramente inconstitucional, y que al momento de su aprobación -el presidente Evo Morales había solicitado a la Asamblea que la ley sea aprobada sin modificaciones-  se "descubra” este importante detalle.
 Posteriormente, y mientras los dirigentes mineros expresaban abiertamente su prepotencia al anunciar que no admitirían ninguna modificación a la norma y que continuarían con las medidas de presión (sin condolerse de la ciudadanía que estaba siendo afectada por los bloqueos), el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que el proyecto de ley volvía "a fojas cero”, es decir que sería completamente revisado o reformulado. Inmediatamente, esta declaración fue rechazada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien afirmó que el proyecto de ley no será reelaborado en su totalidad, sino sólo en los artículos que se discuten entre el Gobierno y la  entidad que aglutina a los  cooperativistas.
Todo este ir y venir de posiciones demuestra, cuando menos, un escaso respeto a la institucionalidad del Estado, especialmente al trabajo del Legislativo que, como se sabe, es la instancia llamada a formular y aprobar las normas en el país.
Sin duda, este problema desnuda los peligros que implica que el Ejecutivo, por razones políticas especialmente, negocie normas que luego entren en contradicción con el interés supremo,  el del Estado. Queda en evidencia que el Gobierno ha sido rehén de un sector que ha gozado excesivamente de privilegios, que hoy son insostenibles.

Es inaudito que un proyecto de ley se formule con un artículo inconstitucional,  y que al momento de su aprobación se "descubra” este  detalle.

Con este conflicto queda en evidencia que el Gobierno ha sido rehén de un sector que no debería tener ni más ni menos privilegios que cualquier otro

 

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