Riesgos en el proceso electoral

sábado, 10 de mayo de 2014 · 19:13
El Tribunal Supremo Electoral está a punto de afectar peligrosamente a la democracia. Ese ente tiene previsto aprobar el martes 13 un reglamento que anularía 27 circunscripciones uninominales que están en las ciudades, de las 28 actuales.  Nueve se convertirían en "mixtas” (urbano-rurales) y otras 53 estarían en el área rural. ¡Sólo una quedaría exclusivamente en las ciudades! 
Semejante decisión  daría mayor representatividad a los bolivianos que viven en las áreas rurales (que son menos) y se la restaría a los que viven en las ciudades (que son más del doble que los otros). El resultado de ello equivaldría a un fraude electoral, ya que distorsionaría  los resultados de los comicios. La intención de este reglamento es obvia: dar más posibilidades de victoria al partido de gobierno, MAS, que tiene mayor respaldo en las zonas rurales. 
Reducir, entonces, las circunscripciones uninominales en las urbes y aumentarlas en el área rural  es una estrategia política para favorecer al oficialismo, violando de esta forma la ley electoral y la Constitución Política del Estado. 
El concepto básico de la democracia es que cada persona es igual ante la ley y ello se expresa en que cada ciudadano equivale a un voto. La reforma anularía este principio porque daría un peso distorsionadamente alto a las personas que viven en las zonas rurales. 
La Constitución establece la representación "territorial” y "poblacional”. La primera se refiere a los departamentos, que tienen la misma cantidad de senadores independientemente de su población. La representación "poblacional”, en cambio, tiene que decidirse justamente según las características demográficas del país. 
La aprobación del reglamento será la "prueba de fuego” para este Tribunal Electoral. Si actúa de una manera que favorece al Gobierno y afecta los intereses ciudadanos y a las fuerzas opositoras, lo marcaría para siempre, como marcó al Tribunal Constitucional el hecho de que aprobara el tercer mandato del presidente Morales, cuando el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y su disposición transitoria primera señalan explícitamente lo contrario y el propio Mandatario se había comprometido públicamente a no buscar una nueva reelección. 
El Tribunal Supremo Electoral insiste en que tiene independencia del Gobierno -lo que es una condición determinante para su legitimidad que a su  vez es esencial para el proceso electoral-, pero ello cada vez es más dudoso. Por ejemplo, su vicepresidente, Wilfredo Ovando, que es quien más ha defendido el reglamento, no tiene credibilidad alguna si se considera que existe una fotografía suya en la que aparece ondeando una bandera del MAS durante un acto proselitista. ¿Qué independencia puede tener? Además, en varias de sus más recientes decisiones, los vocales han demostrado coincidir con las posiciones de las autoridades del Gobierno.
Se sabe que los vocales del Tribunal Electoral están divididos con respecto a este tema. Dos de ellos -su presidenta, Wilma Velasco, y el vocal Ramiro Paredes- ya han señalado que no apoyarán la propuesta de reglamento porque lo consideran violatoria de la Constitución y la ley. Su posición es la que se esperaría de representantes dignos de un Órgano Electoral que sea inmune a la injerencia del Gobierno. De los otros cinco también existen algunos que han expresado dudas. Quienes son más cercanos al partido de gobierno, como el vocal Ovando, son los que más impulsan esta reforma.
Aprobar el reglamento, como hemos dicho, sería inconstitucional y, por lo tanto, quienes lo hagan cometerían un delito y la mínima sanción contra ellos debería ser la destitución de sus  cargos. Con una medida así, aunque el partido de gobierno obtuviera una victoria estrecha, digamos de un porcentaje algo mayor al 50%, lograría más de dos tercios de representatividad en la Asamblea Legislativa, y con dos tercios de votos podría reformar la Constitución para, por ejemplo, aprobar la reelección indefinida del Presidente. Así de grave es la situación actual.

 

La intención del reglamento de diputaciones es  dar más posibilidades de victoria al partido de gobierno. Es un atentado contra la democracia.

Con esa medida, aunque el partido de gobierno obtuviera una victoria estrecha, lograría más de dos tercios de representatividad en el Legislativo.

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