El conflicto del transporte de El Alto

Editorial
viernes, 13 de junio de 2014 · 20:52
Los transportistas alteños han protagonizado en las últimas semanas movilizaciones para lograr que la Alcaldía de El Alto autorice el aumento del pasaje de minibuses en esa urbe del costo actual de un boliviano a 1,50. Las manifestaciones derivaron en violencia, en la mayoría de los casos debido a la insensibilidad de los choferes pero también al enfrentamiento motivado por las juntas de vecinos, que se oponen al aumento de las tarifas.
El problema del transporte de El Alto es similar al de otras ciudades bolivianas: mal servicio por parte de los transportistas, sumado a un congelamiento de tarifas desde hace 15 años (desde 1999)  que agrava el círculo vicioso y empobrece más el servicio, que a su vez hace que no se pueda negociar un aumento de los precios. Igual que en otras localidades, el alcalde alteño, Édgar Patana, tiene una papa caliente en las manos, porque autorizar eventuales aumentos de tarifas es una medida inevitable, e incluso responsable, pero impopular. Su colega de La Paz, Luis Revilla, finalmente enfrentó el tema, pero creemos que parcialmente, al autorizar pequeños aumentos de las tarifas. Patana tendría  que hacer lo mismo.
No es racional mantener a un sector de la economía, clave además, como es el del transporte  con sus tarifas congeladas desde hace 15 años. Cuando todos los alimentos (excepto el pan) y todos los servicios han tenido aumentos considerables en una década y media, el transporte no ha podido subir sus tarifas, por la incapacidad de las alcaldías de negociar acuerdos de largo plazo, por la irresponsabilidad de las dirigencias de los transportistas que no aceptan mejorar el servicio, y por la cerrazón de las juntas vecinales  que tienen posiciones demagógicas al respecto, enfrentando a los transportistas con demasiada agresividad. Esas mismas juntas vecinales aceptan el aumento del precio de todos los demás servicios (TV cable, transporte aéreo, costo de radiotaxi, tarifas de transporte interprovincial e interdepartamental) y de los productos de consumo (cerveza, otras bebidas y refrescos, y la totalidad de los alimentos), pero no aceptan, como si fuera un dogma, el aumento del precio del transporte local.
Otras ciudades del país han logrado acuerdos con mayor facilidad, debido a que las partes han mostrado más flexibilidad: tanto autoridades municipales  como vecinos y transportistas se sentaron en una mesa de negociación y aprobaron escalas tarifarias más razonables.
Lo que el alcalde Patana y las juntas vecinales deben saber es que no se puede mantener a un solo sector con los precios congelados, cuando la inflación acumulada en la última década ha sido elevada. A un promedio de 8% anual, si un producto costaba un boliviano en 1999, hoy cuesta 3,17 bolivianos. O sea que, siguiendo la inflación, esa debería ser la tarifa de los minibuses de El Alto, pero su sector  exige 1,50 bolivianos.
El argumento de que el precio de la gasolina en el país no tiene variaciones en ese periodo  es insuficiente. El resto de los insumos que compran y los servicios que contratan los transportistas han subido en la misma proporción que el resto de los precios (tomando nuestro ejemplo de 10 a 21,6 bolivianos en promedio). Por lo tanto, siendo la gasolina sólo uno de esos insumos, no es correcto mantener  el precio de la tarifa de los transportistas. Por otro lado, los choferes no han realizado ningún esfuerzo por mejorar el servicio que ofrecen: maltratan a los pasajeros, no cumplen con sus rutas cuando les da la gana, no cumplen con horarios, suspenden el servicio cuando tienen alguna fiesta, etcétera. Así no pueden ganarse el apoyo de la opinión pública.

Un último apunte: el alcalde Patana no sólo que no asume ninguna acción para resolver el problema, sino que no ha hecho nada, en tres años de gestión, para mejorar en algo el servicio de transporte de su ciudad. Su colega paceño ha puesto en marcha un ambicioso programa de transporte mediante los buses PumaKatari, mientras él está paralizado en decisiones menores y en negociaciones con los grupos de presión de su ciudad.

No es racional mantener a un sector de la economía, como es el del transporte, con sus tarifas congeladas desde hace más de una década.

El alcalde Patana no sólo que no asume ninguna acción para resolver el problema, sino que no ha hecho nada  para mejorar el servicio de transporte.

















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