Editorial

Nueva muestra de indisciplina policial

lunes, 07 de julio de 2014 · 21:39
Nuevamente  el país ha vivido una crisis causada por conflictos dentro de una entidad uniformada. Como hace unos meses fueron los militares de bajo rango los que protestaron por su situación económica y su incapacidad para ascender como el resto de los oficiales, hoy son los policías quienes lo hacen.
En el pasado los motines policiales han tenido graves repercusiones en la vida política nacional. El eje de las demandas de la entidad policial es siempre lograr mejoras económicas y sociales, pero sus actos tienen implicaciones que trascienden aquello. En abril de 2000, el motín policial impidió el control gubernamental de las protestas de la denominada "guerra del agua” en Cochabamba, forzando al Gobierno de entonces, que encabezaba Hugo Banzer, a mandar militares a las calles, lo que agravó el conflicto y terminó con una de las derrotas más importantes de ese régimen. Junto con ello, la "guerra del agua” de Cochabamba fue un hito de las luchas de los sectores populares en Bolivia contra políticas de corte neoliberal.
En febrero de 2003 se produjo otro motín policial  de graves consecuencias: entre el 12 y 13 se produjeron enfrentamientos entre policías y militares, con decenas de muertos y saqueos y caos en toda la ciudad. Este evento implicó con claridad la debilidad intrínseca que tenía el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y antecedió su caída, en octubre de ese año.
En 2012, otra asonada de la entidad policial, esta vez acompañada de saqueos, quema de documentos y destrucción de bienes, forzó a la gestión de Evo Morales a sentarse a debatir mejoras salariales y de otro tipo. Estas actitudes son, obviamente, ilegales. Quienes detentan el uso de las armas en una sociedad no pueden utilizarlas para intentar acciones en su propio beneficio. La Policía, según dice la Constitución, es una entidad que debe proteger al resto de la sociedad, cosa que, como se sabe, se cumple muy parcialmente.
Cada vez que la Policía incurre en una de estas acciones se desmerece su rol y se le quita al país el genuino principio de autoridad, que debe estar basado en el cumplimiento de la ley y en la protección a los ciudadanos, no en el uso de la violencia estatal, como creen algunos, ni el abuso de la fuerza.
Como se equivocaron los militares de bajo rango que protestaron en abril pasado, aunque su medida no tuvo consecuencias importantes debido a que el rol de las FFAA no es el de relacionarse directamente con la ciudadanía, también se han equivocado los dirigentes policiales cada vez que han cometido estas acciones que se pueden calificar claramente como  sediciosas.

No hay duda de que sus salarios son bajos (tienen un haber básico de 1.800 bolivianos, según han señalado), a lo que se suma un bono de 400 bolivianos adicionales. Su demanda actual, que ha motivado que todos los uniformados de baja graduación se replieguen en sus centros y cuarteles en todo el país, es que ese bono se fusione a su salario. El pedido es justo, como son justas las demandas por mejoras salariales de otros sectores. Pero se debe  considerar si la economía puede resistir esos aumentos, por ejemplo, y, sobre todo, la manera de luchar por ellos. 
En un país pobre como Bolivia no es desdeñable un ingreso de 2.200 bolivianos al mes, que se cobran de manera puntual, a lo que se añaden derechos de vacaciones, seguridad social y jubilación. Es un salario bajo, obviamente, pero así de bajos son los ingresos de la mayoría de la población. Otros sectores sociales que también tienen ingresos reducidos, pero que no cuentan con las armas de las que gozan los uniformados, no pueden "amotinarse” para demandar mejoras salariales (aunque en Bolivia muchos apelan a acciones igualmente perniciosas, como bloqueos de carreteras, tomas, etcétera).
Han hecho bien los dirigentes de los policías de bajo rango  que después de su repliegue y vigilia  suspendieron medidas y anunciaron que dialogarán con las autoridades de Gobierno.  La sociedad  boliviana no puede tolerar más los motines de uniformados.

 

En 2012, otra asonada de la entidad policial, esta vez acompañada de saqueos, forzó al Gobierno a sentarse a debatir mejoras salariales.

  La Policía, según dice la Constitución, es una entidad que debe proteger al resto de la sociedad, cosa que, como se sabe, se cumple muy parcialmente. más motines.


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