Editorial

Denuncias contra un comandante policial

domingo, 14 de septiembre de 2014 · 20:45
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, ha salido en defensa del comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alberto Suárez, tras conocerse documentos judiciales que señalan que en el pasado fue acusado de violencia contra su exesposa, que lo denunció en cuatro oportunidades por golpizas y otras formas de ataques físicos e incluso de haberla atropellado con su vehículo. Sufrió esas agresiones, dicen los documentos, durante 24 años, hasta que finalmente logró divorciarse. Este nuevo caso surge en momentos en que existe una campaña de entidades feministas y de derechos humanos para frenar los abusos contra las mujeres.
Entrevistado por una periodista de la red ATB en Cochabamba sobre esas denuncias, Suárez se mostró agresivo, pese a que estaba siendo filmado por el camarógrafo de ese canal. Podemos imaginarnos su actitud cuando no está frente a las cámaras de TV. Aún así, el ministro Pérez lo calificó como "humilde y sacrificado”.
El ministro, curiosamente, en vez de referirse al contenido de las denuncias de la exesposa del coronel, señaló que los documentos judiciales fueron filtrados, según cree, por otros jefes policiales que buscan el cargo de comandante departamental. También dijo que las acusaciones contra Suárez son parte de la "vida privada” de ese policía.
El ministro Pérez pierde de vista los puntos principales de este asunto: independientemente de quién difundió esos papeles, lo importante es el contenido de los mismos. La Ley 348 contra la violencia contra la mujer establece dos aspectos que el ministro parece desconocer: primero, que no puede haber un funcionario público, ni designado, electo, nombrado o contratado, en cualquier Órgano del Estado  que cuente con denuncias de violencia contra la mujer. La ley establece que para ello debe haber una sentencia ejecutoriada, que seguramente en este caso no existe. Segundo, que la violencia en el hogar no se considera ya un asunto privado sino público, y de allí su tratamiento por el Código Penal. El ministro y el coronel Suárez siguen creyendo que abusar de una mujer dentro de las cuatro paredes del hogar es un asunto privado.
El vicepresidente Álvaro García Linera comentó el asunto con la seriedad que ameritaba. Señaló sin ambages que todo acto de violencia contra la mujer debe ser erradicada y calificó como "muy grave” las acusaciones contra Suárez. También anunció que se harán las investigaciones necesarias al respecto.
 Existen agravantes en el caso de Suárez: no solamente el tono agresivo con el que el "humilde” coronel le respondió a la reportera sino que, terminada la entrevista, ésta asegura que Suárez le dijo "te voy a seguir los pasos, Pacheco, cuídate”, cosa que el policía no negó cuando ella nuevamente encendió su micrófono. También ello está prohibido por la Ley 348, entre otras normas, porque sus palabras pueden ser consideradas como "violencia psicológica” contra una mujer. Es una amenaza inaceptable que ya ha movilizado a los entes periodísticos bolivianos. Pero hay más: el mismo coronel Suárez es acusado por otro periodista cochabambino, Wilson García Mérida, de violencia excesiva y de haber logrado su ilegal arraigo. Suárez lo acusa de "narcotraficante” y lo procesa por "resistencia a la autoridad” y "lesiones graves”, debido a que García Mérida se negó a ser apresado por un cabo que lo calificó como "extranjero indocumentado” durante un dudoso operativo migratorio hace un año. Finalmente, entre otras irregularidades, el coronel Suárez es acusado de no haber tomado ninguna acción reglamentaria, en el momento oportuno, para detener y procesar a siete oficiales bajo su mando en Cochabamba acusados de haber violado hace dos meses en instalaciones de la UTOP a una mujer con discapacidad mental, que luego estuvo
desaparecida  hasta que fue hallada en un centro médico.

La sociedad boliviana debe movilizarse para erradicar la violencia contra la mujer. No hay otra manera de actuar que no sea en coordinación con las autoridades o, de lo contrario, presionándolas para que actúen de mejor manera.

 El ministro  Pérez se equivoca al señalar que la violencia contra la mujer es "un asunto privado”. La  Ley 348 señala que es un asunto público.

 La sociedad  debe movilizarse para erradicar la violencia. No hay otra manera de actuar que no sea en coordinación con las autoridades.

 

 

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