Nisman o el fracaso del Estado argentino

sábado, 14 de febrero de 2015 · 18:51
Hace casi un mes, el 18 de enero, murió en su departamento en Buenos Aires el fiscal argentino Alberto Nisman, un día antes de declarar en una comisión del Congreso de su país sobre la presunta protección que le dieron la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman a los supuestos autores del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, que en 1994 ocasionó 85 muertos.
La muerte del fiscal causó un gran impacto en Argentina y está teniendo gran influencia debido a la etapa preelectoral que se vive en esa nación. La oposición, de manera directa o indirecta, acusa al oficialismo por la muerte del fiscal. El oficialismo, obviamente, rechaza las acusaciones.
Una fiscal encargada del tema debe resolver si su excolega murió a causa de un suicidio sin injerencia de terceros, si alguien lo impulsó a quitarse la vida o, finalmente, si fue asesinado. Hasta ahora las pesquisas parecen  demostrar que estuvo solo en el día de su muerte y que fue él quien apretó el gatillo. ¿Pero pudo haber sido inducido a hacerlo? La oposición afirma que las presiones que el Gobierno ejerció sobre el  fiscal lo empujaron a quitarse la vida.
La hipótesis del oficialismo argentino es la contraria: agentes de inteligencia, motivados políticamente y bajo la influencia de funcionarios israelíes y estadounidenses, manipularon a Nisman entregándole información falsa para que inculpe a la Presidenta. Una vez que lograron su cometido, le hicieron ver que las pruebas que le habrían proveído no tenían sustento, impulsándolo a suicidarse, pues no tenía cómo sustentar sus acusaciones.
Esa versión no es descabellada. El Gobierno argentino había solicitado que Nisman hiciera públicos los documentos acusatorios contra la Presidenta unos días antes de su muerte. Curiosamente, era Nisman el que pedía mantenerlos en reserva y que la audiencia en la comisión del Congreso fuera reservada. Tras el fallecimiento, las autoridades publicaron la acusación del fiscal, que tiene, según  analistas argentinos, poco sustento. Por ejemplo, es falso, como sostenía Nisman, que tanto Fernández como Timerman protegieron a los supuestos autores iraníes del atentado contra la AMIA impidiendo que se distribuyeran las órdenes internacionales de detención. El jefe internacional de la Interpol, el agente norteamericano Ronald Noble, dio una entrevista en Argentina y envió una carta a Timerman desmintiendo aquello. El otro punto sobre el que se basaba Nisman eran los pinchazos telefónicos que les hizo a ciertos funcionarios y supuestos personeros que hacían de nexo con Irán. Ninguna de las transcripciones de esas llamadas demuestran fehacientemente que el Gobierno argentino hubiera protegido a los acusados iraníes. Otro de los puntos sobre los que se basaba Nisman es en dos reportajes  que señalaban la hipótesis de la protección a los autores iraníes, pero en ambos casos los autores de las notas no mencionan la identidad de sus fuentes.
La primera hipótesis que se tuvo en el país para explicar el terrible atentado contra la AMIA fue la "conexión siria”, es decir que militantes islamistas radicales de ese país lo organizaron; años después surgió otra hipótesis, la de la "conexión iraní”. En la segunda hipótesis, se acusa al Gobierno argentino de proteger a los sospechosos iraníes a cambio de obtener tecnología nuclear de ese país, además de importar petróleo a precios bajos. Ambas acusaciones generan dudas, porque Irán está en medio de negociaciones con EEUU para demostrar que solo utilizará tecnología nuclear con fines pacíficos y, por otra parte, Argentina no importa crudo iraní. La mayor parte del comercio bilateral es realizado por privados, por ejemplo, las exportaciones de soya argentina a Irán.

Como sea, el Estado argentino ha demostrado su total fracaso al no haber podido esclarecer el bárbaro atentado y sancionar a los culpables en más de dos décadas. Ahora, la presidenta argentina acaba de ser imputada por posible encubrimiento en el caso de AMIA y la procuraduría ha asignado nuevos fiscales para investigar el atentado. ¿Podrá finalmente resolverse este caso?

 

Dirigentes opositores afirman que las presiones que el Gobierno argentino ejerció sobre el fallecido fiscal lo empujaron a quitarse la vida. 

Curiosamente, era el propio fiscal  Nisman el que pedía mantenerlos en reserva y que la audiencia en la comisión del Congreso fuera reservada.

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